Poco interés en la niñez

Hasta ayer el Congreso del Estado, no había sacado la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre de 2014.
El 5 de diciembre del año pasado, en México entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, luego de ser aprobada por el Congreso de la Unión, la creación de este ordenamiento surgió como parte de una iniciativa preferente enviada por Enrique Peña Nieto al poder Legislativo.
Una vez aprobada y promulgada la nueva Ley, los Congresos de los Estados contaban cinco meses y 25 días para aprobar la armonización legislativa.
Pese al tiempo que tuvo el poder Legislativo local para desahogar, perfeccionar y armonizar legislativamente la Ley, hasta éste jueves apenas se daba lectura al oficio enviado por el secretario de Gobierno al Congreso del Estado, esto cuando faltaba un día para que se venciera el plazo legal.
En pocas palabras, el gobierno estatal esperó hasta el final para armonizar la ley local en esta materia a la general y rige a nivel nacional.
Desde un principio la aprobación de esta nueva ley marcaba el inicio de una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en México, en la que sociedad y gobierno deberá trabajar coordinadamente a nivel nacional para garantizar sus derechos.
La Ley General, al abordar una materia constitucionalmente concurrente, es un ordenamiento que establece la distribución y asignación de competencias y obligaciones entre todas las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Así, establece mecanismos institucionales y lineamientos que se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar las políticas, programas y acciones que afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sus disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y órdenes (municipal, estatal y federal) de gobierno, así como para las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado.
Nuevo ordenamiento
Si bien antes de la aprobación de la Ley General en el 2014, existía la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ésta última no identificaba a las instituciones responsables para garantizar los derechos de los niños y niñas ni los mecanismos de coordinación.
Esta situación se superó con la nueva Ley General, la cual identifica los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de establecer por primera vez, las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales, así como la manera en que estos actores deben trabajar coordinadamente.
Los derechos
La Ley General reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidad de defender y exigir sus derechos. Reconoce también a la familia, a la comunidad y al Estado como los responsables de garantizar sus derechos de manera progresiva e integral. Es decir que no parte de una mirada reactiva que asume que los niños y niñas son un grupo vulnerable.
 Establece principios rectores y criterios que orientarán la política en materia de infancia y crea mecanismos institucionales que facilitarán la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones entre autoridades, sociedad civil y sector privado a fin de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
Todo a lo último
Pese a la importancia que reviste la Ley General, tanto el poder Ejecutivo y Legislativo de Chiapas, esperaron a que estuviera a punto de vencer el plazo para que el Congreso local armonizará la Ley.
Sin dar a conocer a fondo los detalles de la armonización, integrantes de la comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez califican la propuesta firmada por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, como una solución a la problemática de la niñez.
De acuerdo con el último censo del INEGI, en Chiapas viven casi dos millones de niños y adolescentes, quienes tienen que esperar para que sus autoridades puedan garantizarle sus derechos esenciales.