Hoy se decide el futuro de Javier Duarte… Y también el del PRI

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunirá esta tarde para votar un dictamen de suspensión temporal de derechos como militante al todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ex secretario de Finanzas del gobierno de Fidel Herrera Beltrán –actual cónsul en Barcelona- y ex diputado federal.

El dictamen de la comisión que preside Fernando Elías Calles se abrió ante la denuncia que en julio interpuso Armando Barajas, consejero político del tricolor, contra Duarte de Ochoa, así como los gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo, por presuntos actos de corrupción.

El senador Arturo Zamora, integrante de la comisión, dijo que el Código de Justicia Partidaria contempla tres tipos de sanciones contra militantes: suspensión de derechos, pérdida de militancia y expulsión de las filas priístas.

Refirió que si el proyecto de dictamen considera la suspensión de derechos y no la expulsión, se debe a que todavía no hay un proceso penal firme que permita al tricolor contar con elementos para sacar a Duarte de Ochoa de sus filas.

Debido a que el proceso judicial de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Duarte de Ochoa aún está en marcha, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria podría aplicar las sanciones “de manera escalonada”. Esto es, primero le suspenderán sus derechos y posteriormente se le expulsará del partido.

El artículo 146 del Código de Justicia Partidaria del PRI considera las causales por las cuales a un militante se le suspenderán temporalmente sus derechos, y en este caso se aplicarían las fracciones IV y V:

“Por encontrarse sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos. La suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al probable responsable; y por desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política”.

El citado artículo define que la suspensión en ningún caso podrá exceder de tres años, y que sólo si hay reincidencia procede la expulsión.

Este lunes, previo a la sesión de la Comisión de Justicia Partidaria, diputados de PAN, PRD y Morena cuestionaron el proceso y señalaron que se trata de una simulación, porque el PRI tendría que acordar la expulsión de Duarte, ante las evidencias de corrupción, abuso de poder, violencia, casos de periodistas asesinados y perseguidos durante su mandato, y el desvío de recursos.

“El caso de Veracruz es de escándalo, pero también lo son Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila, ante el evidente abuso de poder de los gobernadores. Tiene que iniciarse un trabajo serio de responsabilidades y una muestra de aplicación de la ley”, indicó el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri.

Federico Döring (PAN) sostuvo que el proceso interno contra Duarte de Ochoa busca un control de daños, ante la promesa del nuevo gobierno de Veracruz por llevar a la cárcel al gobernador.

“Sí hay un caso sólido en su contra y prefieren que parezca que fue el PRI el que le dio a su corrupción y que no sea un logro del PAN”, indicó.

El ex candidato a gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, resaltó que no sólo se trata de la acusación contra Duarte de Ochoa, sino también a otros 29 funcionarios de su administración que le ayudaron al saqueo del estado, y dijo que además del mal manejo del presupuesto, siguen sin aclarar los asesinatos cometidos contra periodistas en Veracruz y la persecución contra comunicadores, algunos de los cuales debieron huir de la entidad.
Sin embargo es importante señalar que no solo es el futuro político y social del Gobernador saliente Javier Duarte el que se define hoy, si no el del PRI como partido, que pueda ser capaz de sacrificar a uno de los suyos, que a pesar de que se le ayudó hoy esta más abajo que arriba.