Repudian ONG operativo policiaco contra campesinos de Chiapas

Organismos de derechos humanos condenaron este viernes el operativo policiaco de desalojo del jueves pasado a la medianoche contra un grupo de campesinos que tenían tomado un edificio público, ya que lejos de privilegiar el diálogo, se usó la fuerza como instrumento de represión y fincar delitos por acciones derivadas de una protesta social.

La Coordinación Regional Norte Bosques de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa sumaron sus voces para condenar la acción policiaca, donde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a 25 personas de unas 700 que tomaron las oficinas del Fondo de Fomento Económico.

Durante más de 12 horas unas 53 personas, la mayoría servidores públicos estatales, permanecieron atrapadas en la azotea del edificio, mientras abajo los campesinos rodearon el edificio exigiendo recursos públicos para viviendas y otros proyectos populares. Muchos de los detenidos son originarios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quienes pidieron apoyo a estas ONG.

Condenamos que el gobierno de Chiapas, lejos de privilegiar el diálogo, opte por reprimir con el uso de la fuerza pública y use los medios para criminalizar a quienes ejercen el último recurso del derecho humano a la protesta social para ser atendidos”, dijeron ambos organismos.

También señalaron que con estos actos desplegados por el gobierno de Chiapas que encabeza Manuel Velasco Coello no se generan condiciones de gobernabilidad como pretenden hacer creer al pueblo, y sí se profundiza el clima de enorme descontento y violencia que se ha generado por la actual administración.

En Pueblo Nuevo Solistahuacán se vive un escenario de violencia extrema por la omisión gubernamental ante la presencia de la delincuencia organizada, y con estos hechos se tensa aún más la situación en donde cotidianamente se reportan amenazas, ejecuciones y toques de queda por parte de la delincuencia, ello bajo la complacencia de las autoridades del gobierno de Chiapas y militares que se encuentran en el municipio”, se acusa en la carta.

Los activistas también dijeron que se encuentran documentando el número de personas de Pueblo Nuevo Solistahuacán que fueron detenidas el día de ayer, pero que al momento se las ha negado toda información.

Por ello hicieron un llamado al gobierno estatal para que informe de manera oficial a través de la PGJE-Chiapas en donde se encuentran las personas detenidas, ante qué autoridad competente han sido presentadas y se les finque delitos reconocibles para ellos y sus familiares, con el fin de que puedan estar en condiciones de acceder al derecho al debido proceso y defensa legal, y se garantice la presunción de inocencia.