Frente comunitario espera respuesta de Velasco por mal estado del tramo carretero Palenque-La Libertad

El pasado martes 19 de diciembre del presente año, los integrantes del Frente Comunitario de Autodefensas se reunieron para planear las acciones a realizar en caso de que el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no les dé una respuesta clara el 09 de enero de 2018 acerca de la carta que le hicieron llegar hace unas semanas, donde se manifiestan las condiciones reales de la carretera Palenque-La Libertad, las afectaciones que está causando a los sectores productivos y ciudadanos de la región y sobre todo la solicitud de reconstrucción de esta vía para el próximo año, llevarán a cabo movilizaciones fuertes como el cierre de carreteras y oficinas gubernamentales; declaró Carlos Villalobos Montiel, integrante del Frente Comunitario de Autodefensas.

Comentó, que su movimiento social se basa bajo la siguiente problemática: “Hace tres años aproximadamente el gobierno del estado gasto más de 38 millones de pesos del erario público para la “rehabilitación” de la carretera antes mencionada, cuya duración solo fue de tres meses, en ese lapso de tiempo el tramo carretero presentó condiciones aún peores a como estaba antes de que los trabajos iniciaran. Además, las comunidades afectadas por esta situación se dieron cuenta que es evidente que se robaron el dinero y en la obra se usaron materiales insuficientes, tanto en calidad como en cantidad, hecha al vapor, y con maquinaria inadecuada e insuficiente, de tal forma que entregaron un proyecto sin que cubriera las mínimas especificaciones técnicas de calidad”.

Carta entregada a MAVECO

Villalobos Montiel dijo que en la carta entregada al ejecutivo estatal se marca los puntos de sus exigencias como ciudadanos y Grupo de Autodefensa:

1.- Realizar una auditoría a la obra de mantenimiento de la carretera, con transparencia e información a las comunidades de sus resultados.

2.-Destinar recursos públicos para nuevamente rehabilitar y reconstruir la carretera.

3.-Cesar a los servidores públicos involucrados en la aplicación fraudulenta de la inversión pública y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto para los funcionarios como para la constructora a cargo de la obra.