Colorario

RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

La crisis migratoria

Uno de los más grandes retos del actual gobierno es el desproporcionado incremento de migración desde Centro y Sudamérica para llegar a Estados Unidos

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia.

Hay información que estima que en 2018 existieron alrededor de 244 millones de personas consideradas como “migrantes internacionales”, lo que es equivalente al 3.3 por ciento de la población mundial. El tema es de la mayor relevancia para todos los gobiernos del mundo, pues se prevé que para el año 2050, el número alcance más de 405 millones de personas.

El fenómeno de la migración es un problema mundial. Después de la Caída del Muro de Berlín, el capitalismo emergió como doctrina económica dominante –y casi única– en el planeta; y lejos de que las fuerzas del mercado generaran la riqueza prometida, hoy casi nadie discute que ha propiciado mayor desigualdad y pobreza en la mayoría de la población del orbe.

México no podía ser la excepción. Uno de los más grandes retos que el actual gobierno ha enfrentado es –sin duda– el desproporcionado incremento de la migración de personas de diferentes países de Centro y Sudamérica que ingresan por nuestra frontera sur buscando llegar a Estados Unidos.

Se calcula que tan sólo en los primeros tres meses del 2019, más de 300 mil personas han cruzado el país de forma irregular con rumbo a Estados Unidos. Las cifras indican que se trata del trimestre con el mayor número de migrantes en los últimos años, ya que el promedio anual solía ser de un parámetro que oscilaba entre 150 mil y 400 mil personas en tránsito.

Las bondades de una política inicial de franca tolerancia –por parte del gobierno federal– fue aprovechada por quienes han hecho del tráfico de personas un gran negocio y ello ocasionó una grave crisis diplomática con nuestro vecino del norte.

El presidente Donald Trump hizo gala de su estilo pendenciero y abusivo y después de amagar con una serie de amenazas comerciales a México, logró un viraje en nuestra política migratoria.

Como resultado de las negociaciones entre ambos países, el gobierno mexicano ofreció a Estados Unidos desplegar alrededor de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y el empleo de fuerzas militares en los principales puntos de paso de migrantes al norte.

Al interior del país se escuchan voces que señalan que dicha medida es inadecuada, pues dicho cuerpo de seguridad de reciente creación fue instaurado esencialmente para realizar la función de seguridad pública; y que al destinar una fuerza de tarea de esa dimensión para frenar el flujo migratorio en la frontera sur, se desguarnece al resto del país, que sigue sumergido en la peor crisis de inseguridad de la historia reciente.

El reto que impone nuestra doble condición de ser un país expulsor y receptor de migrantes al mismo tiempo, es todo menos sencillo. México se encuentra ante una encrucijada: pedir respeto por los derechos de los migrantes mexicanos en la frontera norte y por otra parte detener a los migrantes en la frontera sur, debiendo ser respetuoso de los compromisos internacionales que en materia de derechos de los migrantes, el Estado mexicano ha suscrito.

México ha labrado un prestigio histórico de ser un país humanitario y solidario con la comunidad internacional. El gobierno deberá echar mano a la sabiduría de las estrategias diplomáticas por las que se nos ha reconocido ser un país soberano, sin permitir que el vecino del norte nos avasalle y someta.

Como Corolario, la frase del Papa Francisco: “Los muros no son la solución”.