Dan luz verde a “Ley garrote” en Tabasco

A propuesta del gobernador Adán Augusto López Hernández, el Congreso de Tabasco aprobó en comisiones un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.
La reforma y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es “incongruente” castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobó por mayoría de votos los cambios al Código Penal en donde se aumentan las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
“Se trata de ‘meter orden’, porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco”, dijo Julia Pardo Contreras, presidenta de la comisión.
La bancada del PRI se opuso a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, quien calificó la propuesta como “ley Antimarchas”, pues no sólo busca frenar a los seudosindicatos, sino a cualquiera que pretenda manifestarse.
Agregó que el presidente López Obrador desconoce este “atropello democrático” y seguramente no lo avalará, pues él mismo recurrió a plantones y marchas.
El dictamen señala que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando “cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas”.