Tren Parlamentario

La ley que prohíbe enriquecerse con dinero público, que PAN y PRI detestan
VICENTE BELLO
Entonces llegaba el turno de la Ley Federal de Austeridad Republicana, aquella ley que escoció hasta el tuétano al PAN y al PRI, y por la que tanto respingaron los senadores de estos dos partidos políticos hasta llevar la sesión extraordinaria hasta las 06 y 50 de la mañana del martes 2 de julio del 2019.
Junto con esta ley fueron discutidas y después aprobadas diversas reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero, antes, en el comienzo, el PAN pretendió descarrilarla con una moción suspensiva.
En voz de José Erandi Bermúdez, un senador panista de Guanajuato, el panismo arguyó que cuando en comisiones se le había aprobado horas antes, faltaba un voto para lograr el quórum; pero la mayoría plenaria ni lo peló. Estaba la asamblea adentrándose hacia la madrugada de ese martes, luego de un sesionar que venía desde las once de la mañana del lunes 1.
Fue el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda senatorial, quien presentó el dictamen en tribuna: “El objeto de la presente minuta consiste en la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, así como la política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la nación.
“Se incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, a fin de que ésta sea de observancia obligatoria para todos los servidores públicos y aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y órganos del poder de los poderes de la Unión y de más entes públicos federales.
“Se destaca la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo, en beneficio de los que más lo necesitan.
“La minuta se orienta a instaurar una política de austeridad republicana de Estado, con la política de austeridad republicana que esta ley fomenta, el gobierno de México tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general, independientemente de su estatus socioeconómico, su lugar de residencia, su condición migratoria, de género, preferencia sexual, ideológica o religión, garantizando el derecho a una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas.
“… La situación económica que viven las familias de nuestro país, vuelven necesaria la eliminación de los privilegios y los derroches de la alta burocracia y la función pública, ésta debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa que someta a las instituciones públicas a adoptar principios estrictos de austeridad.
“También implica un uso más eficiente, racional y transparente de los fideicomisos de los fondos, mandatos o contratos análogos, los cuales no deberán ser utilizados para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia, a consideración de la colegisladora, la austeridad republicana como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y capaz, comprende, entre otras acciones la siguiente, eliminar privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva, evitar el engrosamiento del aparato burocrático desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas ni aumentar sus dotaciones.
“Limitar el uso de bienes, muebles e inmuebles y los recursos humanos, propiedad del Estado y al servicio de éste, al cumplimiento de los fines de utilidad pública y servicio directo a la población, establecer límites en la adquisición y arrendamientos de bienes inmuebles y de bienes muebles, así como para la contratación de servicios y de obra, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad.
“La prohibición de otorgar pensiones de retiro para expresidentes distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, obviamente la cancelación de asignaciones o comisiones de cualquier tipo de servidores públicos, persona civil o de fuerzas armadas cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado.
“Prohibir la Constitución de fideicomisos, fondos o mandatos, o contratos análogos que tengan por objeto omitir el cumplimiento de las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto; las recientes protestas contra la corrupción han puesto de manifiesto la ira de la ciudadanía por el abuso de poder cometido por políticos así como los intentos de limitar su propia rendición de cuentas”.
Cada expresión, cada frase, era como embarrar chile piquín a panistas y priístas, acostumbradísimos al derroche y a “picarle los ojos al presupuesto”, y a los “moches”.
Y todavía agregó el senador presentador del dictamen: “Desde el 2012, la lucha contra la corrupción en México ha experimentado un marcado retroceso, la corrupción representa cerca de 1.5 billones de pesos, es decir, 2 % del Producto Interno Bruto, de acuerdo al índice de percepción de corrupción 2018 de Transparencia Internacional, el país cuenta con una calificación de 28 sobre 100 en el nivel de corrupción, percibido dentro del sector público, 6 puntos por debajo de hace 6 años.
“El acceso a empleo de calidad también es diferenciado, 67 % de los funcionarios y directivos tienen prestaciones laborales amplias y en algunos casos desproporcionados, y en contraste sólo el 40 % de los trabajadores en servicios personales que incluyen al trabajo del hogar cuentan con prestaciones.
“En suma, a través de la ley se transitará hacia un verdadero Estado constitucional de derecho que garantice una buena administración pública”.
Era esta presentación algo así como el prólogo del dictamen de una ley inédita. (Continuará)
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