Tren Parlamento

“El Congreso de Tabasco abrió la puerta de la criminalización de la protesta social”
VICENTE BELLO
Tabasco irrumpió en los territorios de la Comisión Permanente con tambores de selva. Y entonces ese animalerío político que conforma el Congreso de la Unión se trenzaba en un debate que retumbaba y se metía no sólo en los intersticios del recinto; también golpeaba los dinteles y portones y patios de Palacio Nacional.
El estupor estaba ahí también, engarruñado en los ecos de una feria de reclamos inéditos a un gobierno surgido de la izquierda. Y aunque se entendían los motivos políticos de la construcción inédita de una ley del garrote, ésta no encajaba allí, tierra del Presidente de la República que más se ha presentado como un político de la izquierda.
Claudia Reyes Montiel, diputada del Prd, abrió el debate así: “La democracia como forma de gobierno tiene como uno de los principios de libertad de expresión y acción, el artículo 6º constitucional establece claramente, y cito: “que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
“La iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal de Tabasco, particularmente las propuestas realizadas por el gobernador Adán Augusto López, son inconstitucionales.
“¿En qué país se reprime la manifestación de ideas o se sanciona de manera más grave una marcha que una violación? Créanme, no es una democracia, sino es un país autoritario e incluso dictatorial.
“El presidente López Obrador dice que no aspira a ser un dictador. Entonces ¿cómo explicamos lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas en México?
“Veamos el caso de Baja California, ahí el gobernador electo ha pisoteado la democracia y la decisión ciudadana expresada en ampliar su mandato a cinco años, cuando fue electo por dos. En este caso, el Presidente que durante años se vio favorecido por las manifestaciones civiles y que día a día habla de todo en sus conferencias mañaneras, prefirió callar y mejor atacar al Coneval.
“Y ahora se suma a otro acto contrario a la democracia con Tabasco, el cual representa un signo claro de regresión a los peores años de autoritarismo mexicano”.
En favor de la ley de Tabasco, dijo la senadora del Pvem Verónica Camino Farjat: “En ningún momento me dice que yo no me pueda manifestar, yo lo puedo hacer donde yo quiera, pero sin obstruir una obra que legalmente ya fue aprobada o autorizada.
“La libertad de expresión, en el momento que me digan: Oye, tampoco te puedes manifestar, pues voy directamente a Derechos Humanos y hago todo lo que legalmente tenga que hacer para que se haga válida y se reconozca mi derecho a la manifestación; hay una diferencia entre manifestar y una diferencia entre obstruir. Esa la tenemos que tener clara.
“Si lo que hizo el Congreso de Tabasco tiene alguna vertiente inconstitucional, con mucho gusto que llegue a la Suprema Corte y va para atrás, creo que aquí nadie va a estar en contra de que pase un proceso como esos, pero sí tenemos que tener la claridad de que cada estado tiene que resolver su problemática como considere y, en este caso, en la parte legal es el Congreso del estado el que lo hace”.
Aliado de Morena y de López Obrador, el Pes, dijo en voz de la senadora Katya Ávila Vázquez: “Las reformas al Código Penal en el estado de Tabasco se han realizado para combatir la extorsión.
“… No nos equivoquemos, el sabotaje a las vías de comunicación es un delito ya existente, pero como legisladores es nuestro deber reconocer la realidad social para abonar en la progresividad de las leyes. En este sentido, la actual reforma al Código Penal en Tabasco, ubica una situación particular en la entidad y la regula para que se acabe la violencia y la violación al derecho de las personas al circular por su estado, y que quede claro, solo afecta a los grupos delincuenciales que llevan ya tiempo secuestrando la voluntad popular y cobrando cuotas en carreteras”.
Así, en ese orden, venía entonces Pilar Lozano Mac Donald, diputada del Mc, quien, contrario a lo que argumentó el Pvem y el Pes, hubo dicho: “En un país como el nuestro, que desafortunadamente ha tenido una tradición de represión de la protesta social, como muestra los hechos desgarradores de Tlatelolco o la represión al Movimiento Yo Soy 132 en diciembre del 2012, y estando nuestro país inmerso en una grave crisis de derechos humanos, de acuerdo a los principales organismos internacionales, la clase política no puede permitir una involución legislativa en materia de derechos humanos y mucho menos permitirse dar pasos en el camino de la criminalización, de la protesta social.
“La aprobación de la ley en discusión constituye, como señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una especie de censura previa, además que viola lo establecido en los artículos 6º y 9º constitucionales. A ello debemos añadir que esta ley viola lo dispuesto en diversos tratados internacionales, también en materia de derechos humanos.
“Así pues, si esta soberanía no manifiesta su inconformidad con esta ley, estaría permitiendo la violación del orden constitucional en el estado de Tabasco y sentando la posibilidad que otras entidades federativas legislen en el mismo sentido, además de abrir la puerta a que se criminalice la protesta social”.
Ardía esa atmósfera legislativa de por sí cargadísima de estática. La “ley garrote” tabasqueña, evidentemente, fue construida para servir de dique, retenedora, de protestas contra la construcción de la refinería de Dos Bocas. Oradores de gran calado ahí venían ya. (Continuará)