Corolario

RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Presupuesto y educación

Con la reciente reforma educativa, se estableció en nuestra Constitución, la obligación del Estado de garantizar la educación superior. Requerirá infraestructura y contratación de profesorado

En cumplimiento a lo que establece la Constitución fue entregado al Congreso de la Unión, el Paquete Económico para 2020, que comprende el ejercicio fiscal de 6.1 billones de pesos y fue calificado como “realista y responsable”.

Se trata de una obligación constitucional contenida en el artículo 74 que exige al Ejecutivo Federal hacer llegar a la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 de septiembre.

La discusión del Presupuesto es un tema de la mayor relevancia para el país. Y es que los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales, así como, las entidades federativas y municipios, necesitan la dotación de recursos financieros para poder desempeñar todas sus funciones.

Sin entrar a un análisis completo ni detallado del Proyecto de Presupuesto y a reserva de los ajustes que habrán de hacerle los legisladores, considero importante hacer una serie de observaciones respecto del monto que se propone destinar al rubro de la educación.

La propuesta pretende asignar -según el Proyecto- un Presupuesto educativo total de más 807 mil millones de pesos para el siguiente año, cantidad que representa el 3.1% del PIB. Si bien el incremento presupuestal -respecto del año 2019- puede parecer alentador, lo cierto es que en comparación con hace cinco años, el presupuesto disminuyó, pues en el año 2015 se destinaron más de 813 mil millones de pesos.

Aunque esa cantidad nos coloca dentro del promedio de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existen países como Dinamarca, Finlandia y Noruega, que destinan respectivamente al rubro educativo 7.6%, 7.2% y 7.6% de su Producto Interno Bruto. Para 2020, se le destinarán a la Secretaría de Educación Pública, 325 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de poco más del 5% respecto de los 308 mil millones de pesos presupuestados este año 2019.

Para el rubro de educación superior, de manera lamentable, el incremento propuesto para el año 2020 pretende elevar la partida asignada sólo en un 0.5% respecto del año 2019.

Con la reciente reforma educativa, se estableció en nuestra Constitución la obligación del Estado de garantizar la educación superior; un enorme reto que requerirá de incrementos sustanciales para infraestructura y contratación de profesorado altamente capacitado; si es que se aspira a una formación de calidad.

Alcanzar la universalización de la educación superior es un tema complejo, que va más allá del presupuesto. No bastará con tratar de cubrir la enorme demanda en este nivel educativo, sino que de manera aparejada existirá el mayúsculo reto de crear las fuentes de empleo que un gran número de profesionistas habrán de demandar.

Se estima que en el año 2017, el 20% de los egresados jóvenes en México no consiguieron  trabajo. El promedio de los países miembros de la OCDE es del 14 por ciento.

El nuevo texto de la fracción X del artículo 3º Constitucional, señala la obligatoriedad que le corresponde al Estado de brindar educación superior. Se trata de un avance democrático que nos ubica entre los países más comprometidos con el tema educativo a nivel internacional.

Pero esta reforma deberá hacerse vinculante mediante el compromiso decidido del gobierno para dotar de recursos financieros suficientes, y en consecuencia, para que este anhelo se transforme en una realidad que fortalezca el derecho humano a la educación plena.

Como Corolario, la frase del político estadunidense Benjamín Franklin: “La inversión en educación paga el mejor interés”.