Hokchi Energy, hunde a empresas Mexicanas; habrá conflicto social

La participación de esta transnacional genera más de 3 mil millones de pesos junto a Sapura Energy Mexicana SAPI y no pagan trabajos; podría desembocar en una cascada de desempleo.

Cecilio Pérez Cortés: PALENQUE

WWW.DIARIODEPALENQUE.COM.MX

La reforma energética abrió las puertas a compañías extranjeras que amasan fortunas a costa de las firmas mexicanas que confiaron en su presunta solvencia moral y económica; pero su desmedida voracidad y el incumplimiento de sus responsabilidades, tiene en puerta un conflicto social donde está en riesgo el sustento de más de 20 mil familias del sur de Veracruz y gran parte del Estado de Tabasco.

Hokchi Energy S.A de C.V y Sapura Energy Mexicana SAPI de C.V., son las entes extranjeras responsables directas de que la próxima quincena, miles de trabajadores dejen de percibir su salario. Estas compañías, que fueron beneficiadas en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, comparten la producción del Bloque 31 luego de otorgárseles jugosos contratos de la ronda 1, después de la reforma energética que presuntamente “era un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país”.

Pero en los trabajos que realizan desde su centro operativo en Paraíso, Tabasco, no han invertido un solo dólar de los más de 10 millones que han facturado, pues todas las labores las han subcontratado con empresas mexicanas que confiaron en su buena fe.

Es decir, Sapura Energy Mexicana solo cobra, mientras que las medianas empresas con capital social del país, contrataron personal, generaron una derrama económica local entre prestadores de servicios de diferentes ramos y la empresa con base en Argentina no ha liquidado una sola estimación de este trabajo.

El objetivo de la reforma energética no se está cumpliendo; se habló de modernización e inversiones que supuestamente serían beneficiosas para el país y sobre todo para el desarrollo de los polos de asentamiento en donde las compañías privadas desarrollarían los campos petroleros, generando una derrama importante de recursos, de los cuáles Pemex lleva participación de producción compartida, pero esto no se ha materializado por el incumplimiento de pagos de  Hokchi Energy S.A de C.V y Sapura Energy Mexicana SAPI de C.V.

Es cierto, ambas están constituidas de acuerdo a la legislación nacional, pero en la práctica, son filiales de firmas trasnacionales; la primera perteneciente al grupo empresarial Panamerican Energy con sede en Argentina y la segunda subsidiaria de Sapura Energy Berhad, con sede en Malasia.

Lo único que tienen de mexicanas son las razones sociales constituidas en Ciudad de México y la práctica deshonesta de llevar a la quiebra a pequeñas y medianas empresas, pues se financian con sus proveedores y prestadores de servicios –mexicanos- y ellos tranquilamente se llevan millones de dólares a sus países de origen, con la cultura del no pago.

Pero no solo afectan a quienes invierten en el país, el daño que ocasionan va más allá, tiene que ver con el sustento de miles de familias pues al dejar de cumplir con sus compromisos, las empresas locales dejan de contratar y se viene en cascada miles de despidos y por ende un conflicto social de gran dimensión que al final afecta solo al Gobierno Federal.

Con la reforma energética se pensó en todo, menos en lo más sensible: la solvencia moral de los que ganan los concursos, no hay candados, ni términos claros que los obliguen a cumplir, al contrario, estas firmas elaboran contratos leoninos para poner contra la pared a quienes sub contratan.

Primero estipulan cargas legales y sanciones estratosféricas si no cumplen en tiempo y forma con lo sub contratado, pero por otro lado no les pagan el servicio que ya prestaron, lo que orilla a la falta de liquidez, a la insolvencia de quienes arriesgaron su pequeño capital y por ende a imposibilitarlos para seguirles financiando los trabajos que ellos sí cobran al país con rigurosa puntualidad.

Aquí es donde la Cámara de Diputados o el Gobierno Federal debería poner atención, porque se está volviendo un “saqueo legal” del presupuesto que se ha destinado para estos trabajos; es decir, ellos presentan avances, estimaciones y facturan, pero dejan una estela de ruinas, de empresarios mexicanos que prefieren dejar de cobrar a seguir trabajando de gratis, pero lo peor: un conflicto social que al final le revienta a las autoridades.

Las empresas afectadas ya preparan la lucha legal, pero necesitan el respaldo de las secretarías de su ramo, ya que las empresas rescinden contratos arbitrariamente, no reconocen trabajos ya ejecutados y no pagan extraordinarios de obra, estos últimos solicitados por empleados de Sapura Energy por diversas vías: electrónicas o telefónicas.

Una vez que el proveedor concluyó los trabajos y sacaron del apuro a estos gigantes del petróleo, simplemente dejan de contestar o les prometen pagos que nunca llegan.

En recientes días hubo protestas de miles de trabajadores en Dos Bocas. Se esperan más, entre ellos a los afectados por Sapura Energy, quienes no dan la cara, pero les preparan un paquete de pruebas que serán presentadas a la Secretaría de Energía para que tome cartas en el asunto.