La OEA condena a Ortega por la represión en Nicaragua y exige adelantar las elecciones

Daniel Ortega perdió la batalla internacional. La OEA (Organización de Estados Americanos) votó este miércoles una resolución de condena al régimen sandinista y le pide adelantar las elecciones dos años, a marzo del 2019. Con 21 votos a favor, tres en contra e igual número de ausentes y siete abstenciones, el régimen nicaragüense recibió un duro llamado de atención.

Pero no habrá solución a corto plazo. Pese a la creciente presión internacional y las evidencias de los abusos, el líder nicaragüense sigue atrincherado en su posición de despreciar las sentencias internacionales y negar ante el mundo la brutal represión que protagonizan sus policías y paramilitares cuando ya han transcurrido tres meses desde que comenzaron las manifestaciones. Y contraataca presentando en el seno de la misma OEA un vídeo con imágenes dantescas de policías muertos, sus pruebas para convencer al mundo de que son los contrarios los asesinos y los torturadores.

A diferencia de lo ocurrido en las últimas semanas, Nicaragua amaneció el miércoles tranquila, después de que el Gobierno recuperara de manera brutal el control de Masaya, situada a 29 kilómetros de la capital, y las denominadas “fuerzas combinadas” patrullen las calles para evitar cualquier rebrote de protesta.

El ‘Movimiento 19 de Abril Masaya’ denunció el miércoles que son cientos los jóvenes que desaparecieron en las largas horas que duró el ataque, lanzado por miles de uniformados, muchos encapuchados, que empuñaban armas de guerra. Hay una seria preocupación porque desconocen si están presos o los asesinaron. Lo único confirmado hasta el momento es que resultaron muertos un policía, un menor de 15 años y una mujer que se encontraba en la acera junto a su casa, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Además de que los opositores o “autoconvocados”, como se hacen llamar, no tienen intención de cesar su lucha hasta ver caer a Ortega, la violencia puede recrudecerse de nuevo con la celebración en lo que resta de semana del 39 aniversario del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle. La fecha oficial es el 19 de julio pero con el fin de recobrar el poder de las calles, el Gobierno tiene la intención de organizar actos al aire libre.

Mientras el país vive una jornada de calma tensa, la sesión extraordinaria, convocada por el Consejo permanente de la OEA en Washington, para someter a votación la resolución presentada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), fue fiel reflejo del abismo que separa a la posición de Nicaragua y la de las naciones que la promovieron. Y de cómo han cambiado los equilibrios políticos en el continente americano.

Mientras el informe de la CIDH apuntaba con dedo acusador al Ejecutivo despótico de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y los responsabiliza de las muertes y los atropellos a la población, el delegado nicaragüense, Denis Moncada, dirigía sus señalamientos hacia los opositores.

Tildó de “grupos terroristas” internos, que fueron organizados fuera de sus fronteras para provocar un golpe de Estado y derrocar a un gobierno legítimo. Manifestó la enérgica condena por los “tratos crueles, inhumanos y degradantes” protagonizados por los manifestantes, y condenó los secuestros y “los asesinatos de cuatro policías, un maestro”, así como los “centros de torturas” que, según el Gobierno, han establecido en distintos lugares de Nicaragua.

Después de su radiografía y del vídeo, presentó una propuesta alternativa de nueve puntos titulada ‘Restitución de la paz en Nicaragua’, que no tuvo eco. En ella el oficialismo ofrece un diálogo nacional “para la restitución de la paz y el fortalecimiento de la democracia”, y pide a la comunidad internacional “apoyar al gobierno de Nicaragua para que fortalezcan las instituciones democráticas (…) para restaurar la paz sin injerencias de ningún tipo”.

La citada sesión escenificó el nuevo marco político que vive hoy en día la región y que será determinante a la hora de aislar al régimen nicaragüense en el marco internacional. El representante de Managua apeló en todo momento al victimismo frente a Estados Unidos, con el único apoyo firme y verbal de los diplomáticos de Bolivia y Venezuela. Los mismos países que suscribieron su diagnóstico de la situación.

“Pareciera que estamos volviendo a otra etapa de golpes blandos para deslegitimar gobiernos electos”, declaró Denis Moncada, que ya anunció de antemano que desconocería cualquier resolución que condenara a su país, puesto que sería “como una Santa Inquisición”, una manera de retornar a épocas pasadas. “La OEA va a contribuir a crear una situación que nos va a regresar a la década de los 70 (…) Asesinan a policías, los queman en la vía pública, quieren satanizar al gobierno de Nicaragua sin tener elementos de juicio, dar golpe de Estado para romper el orden institucional”.

En la orilla contraria, las naciones convocantes, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, Chile y Perú, sólo pretendían avanzar para votar en respeto a los ciudadanos de Nicaragua.