Poderes de la federación millonarios

Julio César Torres
Nuestra carta magna reza en su artículo 40 que nuestra forma de gobierno se constituye en una república representativa, democrática, laica y federal, asimismo, en el artículo que antecede establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, por tanto, nuestro federalismo implica que para el ejercicio del poder público exista una división de poderes y que para su funcionamiento cuenten con autonomía. Así tenemos que el legislativo se deposite en el Congreso de la Unión conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el ejecutivo se instituya en el Presidente de la República y sus Secretarias de Estados, órganos descentralizados y desconcentrados y el judicial, formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunales Federales.
Pareciera que para la clase política gobernante y ciudadanía en general, no nos ha quedado claro que vivimos en una sociedad de iguales y que aspiramos a convertirnos en una república democrática, popular, federal, representativa y soberana, inspirados en los valores patrióticos de personajes ilustres de la historia nacional y con apego a nuestras costumbres y máximas de la experiencia, porque en gran parte de la población y conciencia nacional aún prevalece la idea anacrónica y anquilosada de que nuestras autoridades y representantes públicos deberían de tratárseles como en su momento Santa Anna recibía el trato y título de “su alteza serenísima”, además, de que nuestra clase política actual acostumbrada a vivir con privilegios, prebendas, trato distinguido y otras series de comodidades, en nada se asemeja a las distintas realidades del México real y del ciudadano de a pie, damos por hecho y aceptado que los funcionarios de alto nivel se desarrollen en una burbuja de confort y en total desentendimiento de las necesidades y problemática nacional, para decirlo claro, vivimos en una república de simulación democrática y representativa, y, mantenemos a una elite gobernante con niveles de vida de tipo monárquico, como en las coronas españolas e inglesas.
El poder y gasto público deben ejercerse en la medida tal que sirva para atender y satisfacer las necesidades más emergentes y urgentes del país, sin exceder en administrar y gastar los dineros públicos como si se tratase del patrimonio personal de cada funcionario. El pasado 28 de febrero del año que transcurre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió publicar un acuerdo a través del DOF, en el que hacia público las distintas remuneraciones de los servidores públicos que conforman el poder judicial de la federación para el ejercicio fiscal de 2018, desde luego, que es todo un acontecimiento, porque nunca antes se había visto que un poder como el judicial hiciera público las remuneraciones que ganan los distintos puestos que integran al poder en mención.
Admito que en cuanto termine de revisar el documento citado, me lleve una sorpresa al observar que existen puestos de bajo nivel jerárquico con salarios exorbitantes, incluso, puedo destacar que a nivel de oficial de servicios recibe una remuneración mensual entre $ 12,490.00 pesos como mínimo y $ 14,572.00 pesos como máximo., un chofer tiene asignado un salario de $ 13,722.00 pesos como mínimo y $ 27, 263.00 pesos como máximo y una secretario (a) auxiliar percibe $14,572.00 pesos como mínimo y $ 27,265.00 pesos como máximo, si estos puestos que jerárquicamente son los de bajo nivel y perciben un buen salario, ya nos podríamos imaginar lo cuantioso que resultan los salarios mensuales de los altos funcionarios del poder judicial, empezando por el de los ministros y del Consejo de la Judicatura, retomando los salarios de los primeros dos ejemplos de puestos, que son en jerarquía los más bajos, estos a su vez, perciben por concepto de aguinaldo y prima vacacional la cantidad de $ 21,440.00 pesos y por concepto de asignaciones adicionales la cantidad de $ 37,409.00 pesos, en cuanto a la categoría de oficial de servicios, mientras que la categoría del chofer percibe por concepto de aguinaldo y prima vacacional la cantidad de $ 46,641.00 pesos y por concepto de asignaciones adicionales la cantidad de $ 69,866.00 pesos.
Haciendo un juicio práctico con una mínima de lógica se puedo concluir que los salarios de los puestos públicos al menos en el poder judicial están sobrevalorados, con independencia y debido respeto a la clase trabajadora y al trabajo que desempeñan, cabe recalcar para no herir susceptibilidades, sin embargo, no dejan de ser salarios estratosféricos en comparación con la mayoría de los salarios de la clase trabajadora que en muchas ocasiones labora más de las 8 horas diarias permitidas por la Ley Federal del Trabajo o en su caso, tienen que emplearse en dos empleos para poder obtener ingresos mínimos para su subsistencia y aun así los salarios no son ni lo más remotamente cercanos, hay una desproporción abismal. Tenemos un poder judicial, legislativo y ejecutivo millonarios y privilegiados, con cargo eso si, al bolsillo de todos los contribuyentes y ciudadanos mexicanos,
Es urgente que se inicie con el plan de austeridad prometido en campaña para la clase que gobierna y de los dos poderes existentes, ese será el reto que tendrá que implementar el nuevo gobierno que tomara posesión el 1° de diciembre de 2018 y la exigencia de la sociedad debe ser tal que debemos forzar a la clase política y de los demás poderes para que exista una reestructuración en cuanto a salarios, privilegios y prestaciones, no debe existir desproporción y despilfarro en el ejercicio del gasto público, o bien los salarios de la clase trabajadora en general tendrá que ir a la alza o los salarios de bajos, medios y altos mandos de los órganos de gobierno tendrán que disminuirse sustancialmente. Porque las necesidades a cubrir, salud, educación, deporte, cultura, seguridad pública, etc, son muchas y en incontables ocasiones el estado no cumple con su responsabilidad por deficiencia en los recursos públicos y por supuesto la corrupción imperante.
Deberá hacerse valer el precepto constitucional que dispone que ningún funcionario público federal, estatal o municipal podrá ganar más que el presidente de la república, ese deberá ser el techo máximo de los salarios de los servidores y no vivir en la lógica del despilfarro presupuestal, insisto, vivimos en una república democrática, representativa y popular, no tendríamos por qué mantener una estructura gubernamental de tipo monarquía en la que los altos funcionarios sean la nueva burguesía y nobleza del México moderno, aspiramos a vivir en como decía Juárez en la justa medianía en proporción a la situación económica del país, moderando siempre la opulencia con la indigencia como sostenía Morelos.