TREN PARLAMENTARIO

Los saldos de la histórica 64 Legislatura; y la desazón en el PT

VICENTE BELLO

Ayer concluyó la 64 Legislatura. Fue, históricamente, la que más recibió iniciativas de reformas: cerca de 6500, en los tres años, de las cuales casi 1000 dictámenes fueron aprobados. Y entre todo esto, fueron reformados 34 artículos constitucionales, de los que se han desprendido 18 decretos de reforma constitucional. Y ha sido también, históricamente, la Legislatura que comenzó a desmontar el régimen que prohijaron el PRI y el PAN.

He aquí algunos de ellos: reformas constitucionales en materia de:

Fuero; no condonación de impuestos; agregación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; en materia educativa con la que se anuló la reforma Peñista; extinción de dominio; paridad entre géneros; reconocimiento histórico de derechos humanos sociales, políticos y culturales de los pueblos y comunidades afromexicanas; creación de la Guardia Nacional; incorporación de la Consulta Popular y la Revocación de mandato al derecho positivo mexicano.

Más reformas constitucionales: en materia de bienestar; juventud; al Poder Judicial de la Federación; sobre las partidas secretas; sobre la seguridad privada; sobre la nacionalidad, y otras dos con las que modificaron el nombre de dos entidades; Michoacán de Ocampo y Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sí. Fue el comienzo de la demolición de un sistema político que, sin embargo, se ha resistido a su desaparición. 

Verbigracia: una de esas reformas constitucionales –la de la creación de las figuras de la consulta popular y revocación de mandato- está disfuncional, porque todavía no se le aprueba su ley reglamentaria. 

De hecho, esta ley no nacida todavía ha estado causando mucha confrontación entre los que llegaron al poder y aspiran a forjar un nuevo régimen, y los que fueron expulsados en julio de 2018 y están decididos a regresar un día a  la presidencia de la República. 

Desde julio que el Congreso de la Unión tenía que haber tenido ya aprobada la ley reglamentaria de revocación de mandato; pero la oposición ha estado empecinada en obstaculizar el proceso legislativo de marras. 

Si no existe la ley de revocación de mandato, entonces ese vacío jurídico lo estaría ocupando, con sus propias reglas, el Instituto Nacional Electoral.

Esto conviene políticamente a la oposición conformada por el PAN, PRI, PRD y MC: que el INE imponga las reglas para la revocación de mandato, y con ello meter el pie a Andrés Manuel López Obrador y a los partidos políticos que están tratando de construir el nuevo régimen. Es decir, nuevas reglas políticas, nuevas costumbres, nuevas formas de participación de la sociedad en las cosas públicas.

Por este motivo es que esos cuatro partidos estuvieron siempre negando sus votos para la celebración de un periodo extraordinario de sesiones que tuviera en su agenda la discusión y votación de la ley federal de revocación de mandato, ya aprobada en comisiones.

PAN, PRI, PRD y MC abominan, no quieren que quede instaurada la consulta de revocación de mandato en México, porque entonces se le estará dando un poder inconmensurable a la sociedad, al pueblo, sobre la clase política mexicana.

Este cuarteto de partidos políticos tiene la creencia de que podría ganar la presidencia de la República en 2024, y temen a la revocación de mandato porque estarían bajo el riesgo de que su sexenio se convierta en trienio. No creen pasar el examen de mediados de sexenio y tengan que renunciar al mega hueso presidencial.

A partir de hoy, miércoles 1 de septiembre, cuando comiencen a conocerse las agendas legislativas de los partidos para el periodo ordinario de sesiones próximo, se sabrá si este tema de la revocación de mandato será sometido a proceso legislativo a partir de este primer mes de la 65 Legislatura.

Morena, PT y PVEM no tendrán ningún problema, en la próxima Legislatura, para aprobar leyes secundarias, como lo es la reglamentaria de la revocación de mandato. Y cuando la aprueben, entonces el INE tendrá que retirar las reglas para la revocación de mandato que pergeñó el pasado día 28 de este mes.

Las leyes secundarias sólo requieren de la aprobación con mayoría absoluta; es decir, de la mitad más uno, de un pleno de 500 legisladores. Morena, PT y PVEM, juntos, suman 278 diputados federales. 

No es el caso de las reformas constitucionales, que requieren de una votación de dos tercios de quienes hayan pasado lista de presente en la asamblea.

Este es el motivo por el cual el PRI comenzará presidiendo la Junta de Coordinación Política, en el primer año de la Legislatura. Supone Morena que así podrá tener al PRI de su lado a la hora de votar reformas constitucionales.

Supone Morena que el PRI cumplirá el pacto no escrito, pero sí evidente, que ha firmado con los priístas, estos días. Una suposición que no creen del todo otros integrantes de la alianza Morena-PT-Pvem.

El diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña ha estado diciendo estos días que Morena comete un “grave error” al creer que el PRI votará al lado de los morenistas, petistas y pvemistas, reformas constitucionales, como la electoral, con la que se propondrá reformar al Tribunal electoral y al INE.

Fernández Noroña incluso ha recriminado a Morena que haya optado por conceder al PRI la presidencia de la Jucopo sin mayor problema, cuando los morenistas no fueron capaces de apoyar al PT, el año pasado, para presidir la mesa directiva de San Lázaro.

Prevalece una desazón al interior de la alianza Morena-PT, en el comienzo de la 65 Legislatura. Veremos.