FGE denuncia a 10 exfuncionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acusó a 10 exfuncionarios de homicidio, lesiones y daños por el accidente de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que dejó 26 muertos y más de un centenar de heridos en mayo pasado.

La defensa de los acusados, informó que entre los señalados se encuentra el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien es imputado de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, confirmaron sus abogados.

El cuerpo de abogados de cinco de los exfuncionarios señalados detalló que fueron citados el próximo 25 de octubre para una audiencia inicial.

Al respecto, el despacho adelantó que denunciarán a la Fiscalía capitalina por encubrimiento de responsables del mantenimiento de la llamada Línea Dorada, ya que aseguró que la obra no tuvo problemas de construcción sino únicamente de mantenimiento.

El litigante precisó que se formará una alianza con el Colectivo por la Seguridad del Metro y se presentarán dos denuncias, una de ellas que incluirá a Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo, la cual se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) el próximo miércoles.

La segunda denuncia será contra Florencia Serranía, directora del STC durante el colapso de un tramo elevado de la Línea 12, así como contra el actual Secretario de Obras de la CDMX, Jesús Antonio Esteva. En ambos casos por los delitos de negligencia criminal y homicidio, entre otros.

Cabe recordar que el pasado jueves 14 de octubre, la fiscalía de Ciudad de México adelantó que acudiría por homicidio, lesiones y daño a la propiedad a personas y empresas implicadas en el desplome.

“Esta fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran”, dijo la fiscal Ernestina Godoy, en su informe final sobre el accidente.

Las acusaciones fueron formalizadas ante el poder judicial local, el cual debía notificar a los probables responsables para iniciar el proceso penal.