Exigen justicia para maestros despedidos

AGENCIA:

TUXTLA GUTIÉRREZ

Se cumplen dos años y cinco meses del despido de los maestros Juan Manuel Pérez López y Fidel Girón Guillén, a escasos días de concluir la administración estatal del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Esta información fue proporcionada por el profesor Armando Falconi Borrás, representante de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Falconi Borrás expresa que en educación, Chiapas sigue ocupando el primer lugar en analfabetismo. De hecho, 14 de cada 100 chiapanecos no saben leer ni escribir. Entre 2019 y 2021, 45,725 estudiantes de educación básica abandonaron la escuela, y en los ciclos escolares posteriores, la deserción escolar continuó debido al abandono y marginación de las comunidades, provocados por la falta de empleos, el incremento de la pobreza y la violencia e inseguridad en los municipios de la Sierra, Frontera Sur, Altos, Frailesca, Selva, Soconusco y Centro.

En un comunicado, señala que en la Secretaría de Educación, bajo el mando de Rosa Aidé Domínguez Ochoa, “imperó la corrupción y el nepotismo; siempre se antepuso la normatividad leguleya por encima de los derechos laborales y humanos de los trabajadores que realizaron críticas políticas a la administración morenista y defendieron sus derechos, sufriendo hostigamiento administrativo, persecución política y cese laboral”.

En este contexto, los maestros Juan Manuel Pérez López y Fidel Girón Guillén, militantes de la Asamblea Estatal Democrática, fueron injustamente cesados. Llevan dos años y cinco meses sin cobrar un solo peso, lo que ha desencadenado una crisis económica, estrés, depresión y enfermedades en sus familiares, además de que uno de ellos no cuenta con recursos para que sus hijos continúen sus estudios universitarios.

Se denuncia al Jefe de Sector 016 y Zona Escolar 056 de Jitotol, Eduardo Reyes Coello, quien, durante la jornada de pago magisterial de 2013, fue suspendido por resolución de la Función Pública durante dos años y seis meses por abuso de autoridad.