Buscarán PAN, Morena y PT restituir a Santiago Nieto como fiscal el martes

Tras la remoción de Santiago Niego como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), las bancadas del PAN y PT-Morena en el Senado han advertido que objetarán tal decisión anunciada el viernes por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Este domingo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República indicó que “actuará de inmediato y no esperará el vencimiento de plazos constitucionales para objetar la remoción de Santiago Nieto”, según dijo el coordinador Fernando Herrera Ávila.

“Existe consenso entre las bancadas opositoras en el Senado de la República para ejercer en la sesión de este martes la facultad que la Constitución le da a esta representación popular, ante una decisión abiertamente autoritaria del Gobierno”, manifestó.

La constitución prevé que la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, lo cual se hará antes, reiteró.

Herrera Ávila dijo que los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han guardado silencio cómplice.

“Este martes, en la sesión del pleno del Senado de la República, demandaremos la restitución de nuestras instituciones democráticas; exigiremos el respeto al Estado de Derecho; reclamaremos el esclarecimiento del caso Odebrecht, y requeriremos que el Gobierno rinda cuentas ante la sociedad de todas aquellas obras públicas empañadas por presuntas irregularidades”, dijo.

Lo anterior debido a que Nieto fue removido después de que dijo al diario Reforma que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.

“Los votos en el Senado de la República revelarán que hay un PRI que simula y protege actos ilegales y que ha solapado otros, que han llevado a México a uno de los lugares con mayor percepción de la corrupción en el sector público”, indicó Herrera.

En el mismo sentido se pronunció este día el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, quien consideró que “estamos asistiendo a un muy preocupante regreso del autoritarismo”.

“El espionaje a activistas de la sociedad civil, periodistas y políticos de oposición; el intento por imponer a un Fiscal a modo para los próximos nueve años; la campaña de mentiras en contra de los partidos de oposición; el voto en contra de retirar el fuero a dos diputados cómplices de la corrupción de Javier Duarte; y, ahora, la destitución injustificada de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)”, detalló.

Anaya Cortés alertó que “tras la destitución de Santiago Nieto, el actual encargado de despacho de la Procuraduría podría nombrar a un titular de la Fepade completamente a modo”.

Esto, cuando ya empezó el proceso electoral de 2018, “es algo verdaderamente inadmisible”, por lo que se exhortará a los senadores a que objeten esta medida.

“Los priistas están dejando en claro que están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder y buscan proteger a personajes vinculados a casos de corrupción”, afirmó el líder panista.

Por su parte, Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena, indicó que el próximo martes propondrá un punto de acuerdo para que el Senado de la República pueda objetar la destitución de Santiago Nieto Castillo.

Su destitución como titular de la Fepade “tuvo como objetivo real impedir que se investigara a fondo el caso Odebrecht en México, el pago de sobornos a Emilio Lozoya Austin y la posible utilización de recursos producto de dichos sobornos en la campaña de Enrique Peña Nieto, en 2012”, sostuvo.

El legislador apuntó que es aplicable el procedimiento que define el Título Octavo del Reglamento del Senado de la República, el cual establece la regulación para distintos procedimientos especiales de los que conoce este órgano legislativo, entre ellos, los de nombramiento, remoción y objeción.

Explicó que conforme a dicha normatividad, el mecanismo de control parlamentario se desarrolla de la siguiente manera: una vez que la Cámara de Senadores conoce de la remoción dictada por el titular de la PGR – en este caso, del subprocurador que lo suple – el Presidente de la Mesa Directiva da cuenta al Pleno y turna el asunto a la comisión o comisiones correspondientes.

Después, la comisión o comisiones, para efecto de garantizar el derecho de audiencia del servidor público removido, deberán solicitar su comparecencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, a fin de contar con elementos objetivos de juicio para la resolución.

Ya después del análisis de los elementos de juicio con que cuenten las comisiones, emitirán dictamen por el voto mayoritario de sus integrantes, mismo que se hará del conocimiento de la Mesa Directiva para que sea agendado a la sesión ordinaria del Pleno en la que haya de resolverse.

La resolución del Pleno deberá tomarse por la mayoría de los legisladores presentes, conforme lo ordena el artículo Decimoctavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, mediante votación nominal del dictamen emitido por las comisiones.

Barbosa recordó que el caso Lozoya-Odebrecht no es la única indagatoria desarrollada por la Fepade, relacionadas con delitos electorales y hechos de corrupción política, que pudieran estar generando incomodidad en altas esferas del poder público.

No obstante, el pasado sábado Emilio Lozoya acusó “desinformación” en el tema, por lo que hizo público un documento en el que solicita al entonces fiscal Santiago Nieto que le puntualice si existe en su contra alguna imputación “y en su caso el contenido de la misma”, relacionada con el caso Odebrecht.