Cabildo de Arriaga denuncia amenazas

Adán Martín Méndez Díaz, quien fungió como primer regidor en el Ayuntamiento de Arriaga, acusó que los integrantes del ahora extinto Cabildo de ese municipio nunca firmaron la licencia para separarse del cargo, pero sí fueron obligados a firmar un papel en blanco, bajo la amenaza que harían daño a sus familiares y patrimonio si se resistían.
Al interior del Congreso del Estado y previo a una audiencia con los diputados, mencionó que, al tratarse de una hoja en blanco, el archivo carece de validez y ahora buscan que sean reintegrados a sus funciones.
Los afectados recurrieron a los organismos jurisdiccionales que, meses después, fallaron a favor.
Los inconformes consideran que hay resistencia en el Congreso local para regresarlos a sus funciones y, en caso que no cumplan, continuarán con todo el proceso jurídico.
Ahora, explicó el exfuncionario, con la sentencia que ya emitió la autoridad electoral, se ven en la necesidad de exigir respeto a sus derechos políticos.
De acuerdo con lo señalado, no habían condiciones para sustituir al Cabildo, había trabajo en armonía; sin embargo, al destituir a David Parada, ahora expresidente del municipio -debido a una supuesta vinculación con el asesinato del activista Sinar Corzo-, Méndez Díaz recordó que todos sus compañeros se mostraron a favor que él cumpliera con dicha función, tal y como lo establece la ley, pero no ocurrió y ahora opera un Concejo Municipal.
POSTURAS
Sobre el tema, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, comentó que asistió a la audiencia y los inconformes tienen toda la libertad de hacer las declaraciones que así consideren pertinentes.
Cuestionada con respecto a si existe la posibilidad que los exfuncionarios se incorporen a sus labores en Arriaga, respondió que se tiene que checar y no quiere adelantarse a algo que “podría ser o no podría ser”.
Sobre la misma problemática (y aunque el Tribunal Local en su sentencia también lo incluye), Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, reconoció que no tiene datos del tema y que no fue requerido para la audiencia.
Sobre las amenazas de muerte que denunciaron quienes formaron parte del Cabildo, se deslindó de los hechos y aseguró que no cuenta con la información porque no participó en la reunión que se celebró en el recinto legislativo.