Tabasco
Centro aprueba entregar los malecones al estado
El Gobierno de Tabasco asumirá la administración de dos malecones y Plaza de Armas.
El Cabildo de Centro aprobó por mayoría el traspaso administrativo de los malecones Carlos A. Madrazo Becerra y Leandro Rovirosa Wade, así como de la Plaza de Armas, al Gobierno del Estado de Tabasco. La decisión permitirá que la administración estatal se encargue del mantenimiento, conservación y operación de estos espacios públicos de Villahermosa.
Aprueban transferencia en sesión extraordinaria
La autorización se dio durante una sesión extraordinaria del Cabildo celebrada este viernes 23 de octubre. Con el acuerdo, el Ayuntamiento formaliza el cambio de responsabilidad administrativa sobre estos sitios emblemáticos de la capital tabasqueña.
La medida se enmarca en la coordinación entre el gobierno municipal, encabezado por Yolanda Osuna Huerta, y la administración estatal.
¿Qué espacios pasarán al Gobierno estatal?
La transferencia contempla tres espacios públicos:
- Malecón Carlos A. Madrazo Becerra, ubicado a orillas del río Grijalva.
- Malecón Leandro Rovirosa Wade, otro de los espacios representativos de Villahermosa.
- Plaza de Armas, situada frente al Palacio de Gobierno.
Con el cambio, el Ejecutivo estatal tendrá a su cargo la administración y conservación de estos lugares, utilizados por habitantes y visitantes para actividades recreativas y de convivencia.
Buscan avanzar en la rehabilitación de los malecones
El traspaso está relacionado con los proyectos de adecuación y mejoramiento anunciados por el Gobierno de Tabasco para recuperar estos espacios urbanos.
La transferencia administrativa permitirá avanzar en la planeación de las intervenciones previstas, mientras que los detalles de las obras y su ejecución dependerán de los proyectos que presente la administración estatal.
Coordinación entre ambos gobiernos
La alcaldesa Yolanda Osuna Huerta había señalado que existía disposición para concretar el procedimiento durante octubre. Con la aprobación del Cabildo, se da un paso formal para que el Gobierno estatal asuma las responsabilidades correspondientes sobre los espacios contemplados en el acuerdo.