CJF denuncia a juez

Como resultado de sus propias investigaciones administrativas y actuando de manera transparente y contundente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa de la presentación de otra denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en este caso contra Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, en su desempeño como Juez y Secretario del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, respectivamente, por probables conductas tipificadas como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El procedimiento disciplinario fue ordenado por el Pleno del CJF debido a que se detectaron presuntas irregularidades, particularmente en lo relacionado con la actuación del juzgador en los permisos de empresas permisionarias de juegos y sorteos; actuaciones firmadas en forma conjunta con el secretario Gerardo Tiscareño Mercado y que avalaron la operación de las permisionarias, dentro del juicio de amparo 99/2008 del índice de dicho juzgado y promovido por “Atracciones y Emociones Vallarta”.

Asimismo, se advirtieron irregularidades en los diversos juicios de amparo correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009 en los que estuvieron involucrados tanto el titular como el secretario de dicho órgano jurisdiccional. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, por su parte, detectó que Jerezano Treviño probablemente no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad de 3 millones 518 mil 959. 48 pesos, además de que efectuó operaciones aparentemente ilegales por la cantidad de 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos.

Uno de sus familiares recibió depósitos de origen desconocido por la cantidad total de 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona hubiera reportado tener ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria y durante el periodo sujeto a investigación.

Dicho familiar adquirió inmuebles por un valor que asciende a 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas. Lo anterior, podría constituir alguna de las causas de responsabilidad administrativa previstas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del PJF.

El CJF refrenda su disposición a seguir coadyuvando con el MPF en la integración de la averiguación previa y hará llegar todos los elementos resultantes de las indagatorias administrativas. Este órgano colegiado da muestra de su actuación firme y transparente contra aquellos funcionarios públicos que actúan con deslealtad a la Constitución y a la sociedad.

Y dado que ésta reclama y merece jueces honestos, los más de mil 200 juzgadores federales reafirman su compromiso social y repudian la deslealtad de unos pocos que puedan manchar la alta responsabilidad de la inmensa mayoría de los juzgadores.