Colorario

Reconstruir partidos políticos
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE
Este año tendrán que renovar sus dirigencias nacionales los principales partidos políticos del país. La histórica elección del año pasado dejó una consecuencia importante en esas instituciones que conviene analizar.
Un Estado constitucional y democrático no puede existir, sin la participación de partidos políticos estructurados y fuertes. El artículo 41 de nuestra Carta Magna establece que son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, entre otras cosas.
La doctrina señala que la participación ciudadana dentro de cualquier partido político requiere —entre otros elementos— de militancia, ideología y disciplina partidaria.
La militancia —desde su origen etimológico— entraña la idea de disciplina e ideología, puesto que su raíz proviene de militaris, término que se empleaba para referirse a todo lo concerniente a los soldados y ejércitos.
En los pasados comicios, las ambiciones y el oportunismo electoral por tratar de ganar la contienda electoral a como diera lugar, hizo que todos los partidos políticos —sin excepción— perdieran de vista estos atributos esenciales para su existencia.
Todos ellos trastocaron —en mayor o menor medida— los tres valores referidos. Algunos partidos optaron por postular a candidatos que no eran sus militantes, otros establecieron alianzas con partidos de ideologías antagónicas, y casi todos, aceptaron hacer candidatos a personajes de cuestionada trayectoria. Dicho pragmatismo dañino dejó como resultado el debilitamiento del sistema de partidos, que pone en riesgo la robustez de la democracia mexicana.
El nuevo gobierno necesita tener una visión estadista y permitir la reorganización de estas instituciones políticas para poder tener una sana interlocución democrática.
Después de las elecciones de 1976, cuando hubo un único candidato a la Presidencia —José López Portillo—, el sistema se vio obligado a realizar una reforma política estructural.
El Estado tuvo que establecer las condiciones legales para crear y criar nuevos partidos. “Crearlos”, dotándolos de un marco jurídico bien diseñado para su existencia. Y “criándolos” al otorgarles financiamientos; todo lo anterior, bajo la premisa de que la fortaleza del sistema democrático depende en gran medida de la existencia de partidos políticos que brinden a la ciudadanía alternativas reales para el acceso al poder.
Cuarenta y dos años han pasado desde la histórica reforma electoral de 1977. México no es el mismo de aquel entonces y ya no admite la existencia de un solo partido hegemónico y todopoderoso que permita el resurgimiento de un presidencialismo exacerbado que, con muchos esfuerzos, se ha venido limitando al paso del tiempo.
Un Estado de derecho debe privilegiar un sistema constitucional de pesos y contrapesos para garantizar la existencia plena de una vida institucional y democrática.
Considero que el gobierno debe respetar y permitir la reconstrucción y el fortalecimiento de todos los partidos políticos nacionales, como parte de una política pública que contribuya a la salud de la República.
Como Corolario, las palabras del político demócrata estadunidense Al Smith: “Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia”.