Consulta de revocación de mandato no está en riesgo: Segob

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aseguró que la consulta de revocación de mandato no está en riesgo como lo ha afirmado el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En conferencia de prensa matutina desde Colima, el funcionario añadió que el órgano electoral tiene fondos en fideicomisos para invertir para llevarla a cabo. 

“El INE sí dispone de ese dinero y lo tiene en algunos fideicomisos. Así hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. Nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de consulta y de acuerdo al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, tienen fondos en fideicomisos para invertir en el ejercicio”, añadió. 

El miércoles por la noche el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, que contempla recortes de 8 mil 038 millones de pesos a órganos y poderes autónomos.

El dictamen fue avalado entre reclamos y sin modificaciones, con 274 votos a favor por parte de Morena y sus aliados PT y PVEM, 219 sufragios en contra por el bloque opositor (PAN, PRI, PRD y MC), además de tres abstenciones.

El consejero del INE, Ciro Murayama, advirtió que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores siguen adelante con el recorte al presupuesto para 2022. 

De acuerdo con el PEF, el INE recibirá 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos, es decir, 4 mil 913 millones de pesos menos de lo solicitado, por lo que añade que con ello no se puede hacer la revocación de mandato. 

Asimismo, Ciro Murayama ha tachado el recorte presupuestario como un “boicot” contra el ejercicio de la Revocación de Mandato, a realizarse el próximo año. 

El Consejo General del INE aprobó el miércoles aplazar la fecha para la consulta de revocación de mandato, al pasar del 27 de marzo al 10 de abril de 2022, en caso de que se junten las firmas requeridas para su realización.

El Instituto Electoral argumenta que se requiere más tiempo para poder revisar las 2.7 millones de firmas que se entreguen en papel tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF).