Corolario

RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Informe o discurso presidencial

Se trataba de la oportunidad ideal para sentar las bases de una nueva relación entre los dos Poderes

El artículo 69 de nuestra Constitución dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República deberá presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Desde 1952, en que se transmitió por vez primera en televisión un Informe de gobierno —durante el mandato del licenciado Miguel Alemán Valdés—, el 1º de septiembre constituyó una de las principales fechas conmemorativas del almanaque cívico mexicano.

Los usos y costumbres del antiguo sistema presidencialista convirtieron la obligación republicana de tener que comparecer ante el Congreso para rendir cuentas, en un ritual para ensalzar al Presidente, alejándose de la esencia para lo cual fue concebido.

A partir del último informe presidencial de Miguel de la Madrid —a quien el entonces diputado Porfirio Muñoz Ledo intentó interpelar— muchas de las ceremonias subsecuentes fueron escenarios de gritos, chiflidos, quema de boletas, máscaras de cochino, carteles de denuncias y múltiples faltas de respeto al Presidente en turno, cuyas imágenes daban la vuelta al mundo, presentándonos como un país inculto e incivilizado.

Para tratar de remediarlo, se eliminó del texto constitucional —mediante una reforma en agosto de 2008— la obligación del Presidente de asistir ante el Congreso y a limitar su obligación personal a sólo entregar un informe por escrito. Así es que los últimos 11 años, hemos tenido que dar testimonio de que el Presidente de la República sólo comparece ante la representación de la soberanía popular cuando toma posesión y cuando entrega el poder.

La semana pasada tuvo verificativo en el Palacio Nacional un evento donde el Presidente de la República pronunció un discurso —ante invitados selectos— sobre los asuntos principales de su administración, y el Informe formal que ordena la Constitución fue entregado en la Cámara de Diputados por la secretaria de Gobernación.

La esencia de la presencia del Presidente ante el Congreso —que establecía el texto de nuestra Carta Magna— buscaba la existencia de un diálogo responsable entre los dos Poderes: el Legislativo y el jefe del Ejecutivo.

El resultado electoral del año pasado y la presencia mayoritaria en ambas Cámaras del Congreso del mismo partido que postuló al Presidente, nos hacía abrigar la esperanza de volver a presenciar la reconstrucción de ese diálogo republicano que se ha suspendido y tanta falta le hace al país.

Y es que en un Estado democrático de derecho se debe privilegiar el intercambio de ideas y propuestas —siempre sobre una base de respeto y colaboración— entre los diferentes Poderes del Estado.

Se trataba de la oportunidad ideal para sentar las bases de una nueva relación entre los dos Poderes, y así también, mandar una señal política trascendente de que el Presidente de la República acudía a rendir cuentas de su mandato ante la soberanía del Congreso, haciendo actual el principio juarista de que se “manda obedeciendo”.

Ojalá y las fuerzas políticas partidistas entiendan que los tiempos pasados de divisiones y enfrentamientos dentro de las Cámaras han propiciado el debilitamiento de las buenas prácticas republicanas y que pronto volvamos a presenciar la lectura de un Informe presidencial ante el Congreso de la Unión.

Como Corolario, la frase del inmortal Benemérito de Las Américas: “El gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en ella la voz de sus más caros derechos e intereses”.