COROLARIO

Una característica de los países desarrollados consiste en que la administración pública tiene un funcionamiento continuo y permanente en la prestación de servicios públicos que garantice la consecución de los fines del Estado. En pocas palabras, la administración pública es el Estado en acción.

La creación institucional de servicios profesionales de carrera es característica de los Estados democráticos, pues les permite tener estabilidad durante las transiciones políticas y garantizar certidumbre y confianza en el país.

Después de la alternancia política del año 2000, se consideró importante establecer en México ese desarrollo institucional. En abril del año 2003 fue promulgada la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Dicha Ley tenía por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la administración pública federal centralizada, buscando garantizar la igualdad de oportunidades —con base en el mérito personal—, con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.

Hoy en día, la administración pública federal se encuentra compuesta por 18 secretarías de Estado y 319 instituciones distribuidas en la administración central, paraestatal y las empresas productivas del Estado. De acuerdo con datos ofrecidos por el Inegi, en ella laboran 1,567,381 personas, de las cuales 317,879 son de confianza. Desde su creación, hasta el año 2016 se había contratado mediante ese sistema a 45,301 empleados, es decir, un porcentaje relativo del total de los trabajadores.

Más de 15 años han pasado y lo cierto es que la eficacia de ese Servicio Profesional de Carrera es muy cuestionable. Se dejó de considerar como una política pública estratégica y mediante la simulación se contravinieron sus principios. Por su parte, los tribunales —en los casos de despido— se negaron a reconocer y a proteger la inamovilidad legal de los empleados de carrera y los consideran como meros empleados de confianza.

Los intereses personales y de grupo impidieron la consolidación institucional de un Servicio Profesional de Carrera auténtico; y ahora el país volverá a padecer las consecuencias, porque que de haberse implementado con seriedad, la nueva alternancia en el gobierno —resultado de las pasadas elecciones— no sería motivo de preocupación ni para el desarrollo de planes y programas prioritarios, ni para los propios trabajadores, puesto que tendrían continuidad y permanencia en el desarrollo de sus funciones públicas.

El nuevo gobierno ha anunciado —con demasiada anticipación— la próxima implementación de políticas laborales para despedir a 70% de los trabajadores de confianza, lo cual está generando inquietudes y un desánimo comprensible entre ellos.

Ojalá que dentro de las nuevas acciones que habrán de implementarse esté la determinación de crear ahora sí un auténtico Servicio Profesional de Carrera que brinde estabilidad y confianza al gobierno federal, lejos de favoritismos e influencias políticas en el servicio público.

Como Corolario, la frase del filósofo y escritor suizo Jean-Jacques Rousseau: “Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los políticos y prefieren servir con su bolsillo a hacerlo con su persona, el Estado se halla próximo a su ruina”.