Exigen empresarios a CFE justicia en tarifas de electricidad

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles dio a conocer incrementos desproporcionados por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha representado hasta un 300 por ciento de un periodo a otro.
Puntualizó el sector hotelero que ya analizan emprender acciones legales, como lo es el Juicio de Amparo en contra de la CRE, las cuales serán replicadas a nivel nacional, ya que no pueden permanecer indiferentes ante este abuso por parte de las autoridades en materia energética.
Advirtieron que estos abusos por parte de la CFE puede ocasionar el cierre de negocios y el despido masivo de trabajadores dentro de esta industria, lo que podría generar desestabilidad económica, ya que la industria hotelera es una de las mayores generadoras de empleos en el país.
Recordó al sector que la hotelería mexicana, representa la segunda más grande, y con más inversión en el mundo de habla hispana, tan sólo superada por España.
Puntualizó la asociación que con la entrada en vigor de la “Reforma Energética”, se creó un organismo denominado “Comisión Reguladora de Energía”, que es la autoridad facultada para expedir las metodologías que determinen el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, a través de disposiciones administrativas de carácter general, como lo señala el Artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica y Artículo 48 de su Reglamento.
Es decir que las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad reflejadas en los recibos, derivan aparentemente de la aplicación de las metodologías determinadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE por sus siglas).
Sin embargo, aunque en apariencia la CRE ha expedido la metodología para la determinación de tarifas de energía eléctrica, lo cierto es que no se ha dado cabal cumplimiento a lo que dispone la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, porque las supuestas metodologías se establecen en acuerdos administrativos, que hasta la fecha no han sido publicados en el “Diario Oficial” de la Federación, como son los Acuerdos A/074/2015 y A/058/2017; y por tanto no pueden producir efectos jurídicos como lo señala claramente el Artículo 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.