‘Falsa’ información de Insyde

Tras el informe presentado por el Instituto Para la Seguridad y la Democracia (Insyde), que denuncia maltrato físico por parte de “policías migratorios” y el cobro de 100 dólares para dejarlos en libertad, así como diversas irregularidades, destacando la estación migratoria en Iztapalapa, mejor conocida como “Las Agujas” que alberga mil 978 hombres y 334 mujeres provenientes en su mayoría de Latinoamérica; el Instituto Nacional de Migración (INM) se defendió y calificó de “falsa” la información del documento.

Mediante una tarjeta informativa, el Instituto que encabeza Ardelio Vargas Fosado, aclaró que en la estación migratoria de “Las Agujas” nunca se ha tenido una ocupación total de mil 978 hombres y 334 mujeres, y no hay registro histórico alguno que indique que en esta estancia de alojamiento se le haya brindado por uno o varios días la atención a un número inusitado de personas con estancia migratoria irregular en el país, siendo falsa la información proporcionada por Insyde.

De igual forma, niega la existencia de “policías migratorios” por lo que es “falso” que haya funcionarios con esas características en las estaciones migratorias toda vez que esa figura no se contempla en la ley, además, asegura que las personas alojadas no cuentan con dinero a su disponibilidad para evitar en el interior cualquier tipo de acto de corrupción o como medida de coacción entre los propios migrantes.

Aunque el INM coincide en que se debe denunciar cualquier irregularidad que se registre al interior de la institución, sentenció que debe hacerse con “hechos verdaderos y con señalamientos directos, y no testimonios falsos o hechos irreales que no obedecen a las condiciones actuales en la que operan las estaciones migratorias en el país”.

Tras lo anterior, asegura categóricamente que “no existen lugares de segregación o castigo en ninguna de nuestras estaciones migratorias”.

En su defensa, recordó el INM que con el fin de reestructurar y alinear los procesos de trabajo, desde el inicio de la actual administración, se inició una “profunda limpieza” al interior de la institución.

En torno a la alimentación de los migrantes, afirma el INM que las condiciones de alimentación en las estaciones migratorias obedecen a los más altos estándares de calidad, no solo porque cada menú ha sido diseñado por nutriólogos profesionales, sino también porque se privilegia a quienes por razones de alguna enfermedad preexistente o por razones ideológicas o religiosa no pueden ingerir cualquier tipo de comida, otorgándoles alimentación especial.

Para muestra, dice que por lo menos dos veces al mes funcionarios del Instituto consumen la misma comida en la estación migratoria de las Agujas.

Refiere que los extranjeros en las estaciones migratorias en el país, son notificados de manera inmediata sobre su condición irregular y se les otorga no solo la inmediata comunicación con sus familiares sino con autoridades de su país a través de los consulados.

Añade que “la permanencia de cada extranjero en los centros de alojamiento hasta su retorno asistido responde a la prontitud con la que cada consulado haga el reconocimiento de sus connacionales no correspondiendo al INM esta tarea”.

Afirmó que cuando organizaciones reconocidas como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles nacionales y estatales locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han solicitado ingreso a las estaciones, sin limitación han acudido; de tal suerte que es imposible que no se haya observado una situación tan delicada como lo señala el informe de Insyde.

Por último, recordó que cuenta con un Centro Nacional de Observación donde se puede ver a través de tiempo real, no solo las oficinas de regulación, y módulos de atención en oficinas centrales y aeropuertos, sino las estaciones migratorias del país, y que a través de más de mil cámaras puede observarse el comportamiento de los funcionarios que prestan sus servicios a la población extranjera con situación regular o irregular en el país.