Juez obliga a Donald Trump a reactivar el programa DACA para dreamers

A ocho meses que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara el programa DACA, la protección contra la deportación para inmigrantes indocumentados que llegaron a territorio estadounidense siendo niños, un juez federal de Distrito de Columbia, ayer sentenció que el programa debe mantenerse como estaba, a menos que el gobierno fundamente la necesidad de cancelarlo.

La protección DACA está intacta gracias a dos sentencias, una de un juez en San Francisco que, en enero pasado, obligó a mantener las protecciones del programa mientras no hubiera una decisión definitiva sobre el mismo y otra dictada en Brooklin, un mes después.

Sin embargo, el juez John Bates, de D.C., es el tercero en sentenciar que el programa DACA debe mantenerse, pero es el primero en dar uno de los golpes judiciales mayores a esta Administración, al obligar al gobierno estadounidense a aceptar nuevas peticiones, como si Trump nunca lo hubiera cancelado.

Este programa fue puesto en marcha en 2012 por el presidente Barack Obama ante la imposibilidad de aprobar una ley que diera estatus legal a los llamados ‘dreamers’, inmigrantes indocumentados traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años. DACA les otorgaba protección contra la deportación y un permiso de trabajo.

Pero el 5 de septiembre de 2015, Donald Trump anunció la cancelación de DACA, dejando a 780 mil beneficiaros en peligro, porque se quedaban sin protección y, además, habían entregado todos sus datos al Gobierno federal.

Aunque en un periodo de seis meses el Congreso presentó varios planes de reforma migratoria que daban solución permanente a los ‘Dreamers’, Trump rechazó todos, pues utilizó la situación de estos jóvenes como arma de negociación para conseguir financiación para el muro fronterizo.

El juez Bates concluyó en su argumentación publicada el pasado martes que: “la rescisión de DACA fue arbitraria y caprichosa porque el Departamento (de Seguridad Nacional) no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal”.