La desconcentración de la capital de la República

El licenciado Andrés Manuel López Obrador anunció que las dependencias federales se trasladarán a otros estados para generar derrama económica pareja en todo el país y aseguró que esta medida beneficiará a mayor población en todo el territorio nacional.

La idea de trasladar el gobierno federal a otra localidad distinta a la Ciudad de México no es nueva; data desde las discusiones del Congreso Constituyente de 1824, durante las que se evaluaron las implicaciones políticas y económicas que representaba mudar la capital federal hacia otra ciudad.

Cuando se debatió el tema se creó una comisión de diputados que estudiara las opciones y fijó su atención en Celaya, San Miguel, Villa Hidalgo (Dolores), y Salamanca. Después, el Congreso de Querétaro lanzó una propuesta al Constituyente para que aquel Estado dejase de serlo y sirviera de residencia de los poderes generales y, por ende, su territorio completo se convirtiera en el Distrito Federal.

El gobierno del Supremo Poder Ejecutivo Colegiado, que entonces gobernaba por primera vez la federación mexicana, envió a varios miembros del gabinete a participar en los debates sobre esta materia: Lucas Alamán, secretario de Relaciones Interiores y Exteriores; Pablo de la Llave, ministro de Justicia; José Ignacio Esteva, secretario de Hacienda; y Manuel Mier y Terán, secretario de Guerra y Marina, los cuales de manera unánime expresaron su rechazo para que el gobierno federal saliera de la Ciudad de México.

Lucas Alamán declaró que la razón más fuerte era “que no había fondos necesarios para semejante traslación y cuando los hubiera, había cosas de mayor preferencia en qué invertirlos”. Por su parte, Pablo de la Llave sostuvo que “obligaría a la construcción de edificios nuevos y los actuales a tener que arrendarlos, con el correspondiente aumento de gastos cada año”. Parece que el tiempo puede cambiar las cosas, pero no todas.

A reserva de ver si esta propuesta del virtual Presidente electo se convierte en realidad o se trata de una mera auscultación para conocer opiniones diversas, conviene hacer algunas consideraciones.

Con independencia de los enormes costos que la implementación que esta medida implicaría; las dificultades para la construcción de infraestructura, de la que se carece para albergar las oficinas y a los trabajadores en las diversas ciudades señaladas; las complicaciones operativas para las reuniones del gabinete y las resistencias que los habitantes de esas localidades tendrán por el arribo masivo de miles de personas, existe un factor determinante que no existía en 1824: los derechos de los trabajadores del gobierno.

Tanto la Constitución, como los tratados internacionales, leyes reglamentarias, Contratos Colectivos y Condiciones Generales de Trabajo protegen los derechos laborales de los trabajadores, por lo que esa medida administrativa deberá hacerse con el consenso de la propia base trabajadora.

Habría que garantizarles vivienda, créditos para adquirirla, escuelas, guarderías, hospitales, centros de salud y que no quedaran fragmentadas sus familias por los cambios de adscripción. Todo un universo de derechos humanos que el nuevo gobierno tendrá que respetar y tutelar.

Como Corolario, la frase que pronunció el ministro de Justicia en 1824, Pablo de la Llave, para oponerse a la salida del gobierno federal de la Ciudad de México: “El resultado de la traslación, tarde o temprano será una apoplejía”.