La pandemia exige menor financiamiento a partidos

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

Como consecuencia de la pandemia, México enfrenta una crisis económica con recursos limitados; ha sido necesario que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ajusten sus gastos, se aprieten el cinturón, sin que se pierda eficacia en el cumplimiento de sus funciones y sin que se comprometan los apoyos que se destinan a la satisfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables y a la atención de los servicios prioritarios, como son salud, seguridad y educación.

En este contexto, resulta válido poner en el tintero el financiamiento que reciben los partidos políticos, los cuales, constitucionalmente, son definidos como entidades de interés público y tienen la obligación de cumplir determinados fines, como “promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público”.

Son esos los propósitos a que deben destinar los recursos que reciben.
Para el proceso electoral del año 2021 serán varios los cargos a elegir: la Cámara de Diputados se renovará completamente; habrá en disputa 15 gubernaturas; se elegirán diputados locales para 30 congresos estatales, y mil 900 ayuntamientos y juntas municipales. Los partidos políticos nacionales, y las candidaturas independientes, recibirán en este año un financiamiento de 7,200 millones de pesos.

Revisar el desglose de ese monto resulta revelador, sobre todo en lo que respecta a las denominadas actividades ordinarias, que son aquellas que los partidos realizan de manera permanente, aun en fechas en que no hay elecciones y por las cuales este año recibirán $5,250,952,127, un monto casi tres veces mayor a lo que destinarán para hacer campaña, que asciende a $1,575,285,638.

Otro rubro que, sin duda, requiere ser reclasificado y valorar la entrega de recursos es el que corresponde a las franquicias postal y telegráfica y a otras actividades específicas por $368,260,158, pues ahora ese financiamiento resulta un tanto incomprensible con el uso, la inmediatez y la facilidad que permiten las tecnologías de la información y las redes sociales.

La democracia lleva inmersa la pluralidad de voces críticas que manifiesten lo que consideran lo que es mejor para el interés de los ciudadanos, y los partidos políticos son la vía para expresarlo; pero, sobre todo, son el medio para lograr que ese interés se cumpla, no sólo en el ejercicio del poder y con la legitimación del voto, sino también con muestras de congruencia y solidaridad en situaciones particularmente difíciles, como la pandemia; en otras palabras, los partidos políticos deberían dar muestra de estar a la altura de los momentos que al país le han tocado vivir, adaptándose a la competencia electoral, disminuyendo su gasto, a fin de que se reasigne a la satisfacción de las necesidades de jóvenes, adultos mayores, mujeres, estudiantes, que han sufrido un largo confinamiento sin fuente de ingresos.

El futuro de México, a corto y mediano plazos, se definirá en la medida y en la forma que podamos evitar que sean más las personas que caigan en situación de vulnerabilidad por pobreza o por falta de oportunidades, en tanto que logremos salir de la crisis sanitaria y económica con los mínimos estragos.

El país requiere que cada cual ponga su granito de arena, sin perder de vista que nos encontramos en una situación inédita, nunca antes vivida en la era moderna y que nada hay más importante en estos momentos que trabajar en favor del interés colectivo; ésa es la mejor manera de hacer ver la importancia que los ciudadanos representan para los partidos políticos.

Por el momento, la opción más rápida de que esos recursos se destinen a las necesidades apremiantes es que los partidos políticos renuncien en todo o en parte a su financiamiento, para que pueda reintegrarse a la Tesorería de la Federación y reasignarse; eso respondería a la contingencia, pero se requiere una reforma política que incluya modificaciones constitucionales y redefina la fórmula de entrega de recursos públicos, es una exigencia ciudadana que no puede aplazarse más.