Marcha en honduras en contra del gobierno

Miles de personas marcharon el viernes portando antorchas en Honduras para exigir la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández, luego de que el mandatario admitiera que su campaña recibió fondos de empresas ligadas al peor escándalo de corrupción de las últimas dos décadas.
El mandatario admitió el miércoles que durante su campaña electoral del 2013 su Partido Nacional recibió cerca de 150.000 dólares en cheques derivados de un esquema de compras con sobreprecios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“¡Fuera JOH, fuera JOH!”, corearon los manifestantes utilizando las siglas del nombre del presidente.
La marcha se desplazó por calles céntricas de la capital Tegucigalpa hasta las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde pidieron la creación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que opera en la vecina Guatemala y que recientemente ha develado varios sonados casos de corrupción en el Gobierno.
“Ya es insoportable no sólo la corrupción, sino el cinismo de los políticos de Honduras y los de este Gobierno”, dijo Emanuel Cruz, un joven de 35 años durante la marcha, convocada por organizaciones juveniles y partidos de oposición.
El IHSS habría sido defraudado por unos 200 millones de dólares al haber realizado compras con sobreprecios a empresas existentes y otras creadas especialmente por funcionarios del propio organismo, dejando un rastro de cheques con los que se adquirieron costosas propiedades y autos de lujo.
La manifestación, en la que participaron unas 8.000 personas, es la más numerosa desde que hace una semana iniciaron protestas en todo el país por episodio del IHSS.
Entre los manifestantes estuvieron presentes el ex presidente izquierdista Manuel Zelaya, derrocado en 2009 por militares respaldados por partidos tradicionales como el Nacional, y el líder del Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla.
El canciller, Arturo Corrales, descartó pedir a la ONU establecer una comisión similar a la de Guatemala, pese a las debilidades del sistema de justicia de la empobrecida Honduras.
El fiscal Roberto Ramírez, principal investigador del caso, tuvo que abandonar el país la semana pasada tras recibir amenazas de muerte clasificadas por los servicios de inteligencia de “extraordinariamente altas” en uno de los países más peligrosos del planeta.