Más castigo a violencia sexual

En el pleno del Congreso del Estado de Chiapas, se propuso ayer, aumentar las penas en contra de maestros, líderes religiosos y funcionarios públicos, que cometan violencia sexual en contra de niños y niñas; En Palenque se han tenido varios casos no penalizados que han quedado en el olvido; Hasta 9 años podrían pasar en prisión, sin derecho a fianza.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Gloria Luna Ruíz, propuso ayer al pleno del Congreso del Estado de Chiapas aumentar las penas en contra de líderes religiosos, maestros y funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo, cometan violencia sexual en contra de niños y niñas.

La legisladora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chiapas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en contra de la violencia sexual.

Las reformas pretenden castigar con penas de cinco a nueve años de prisión y multa de mil días de salario a quienes cometan este delito, con lo que ya no se alcanzaría fianza, y es que actualmente se puede salir bajo fianza.

Además, en las penas previstas para los delitos de violación y abuso sexual, se aumentarán en una mitad más cuando el delito fuera cometido por un funcionario público, docente o ministro religioso, que valiéndose de su cargo, se aprovechara de una persona menor de edad. La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.

La violencia sexual no sólo se refiere al coito sexual intentado o forzado, sino también al contacto sexual no deseado, obligar a una mujer o una niña o niño a participar en el acto sexual sin su consentimiento, hacer comentario u ofensas sexuales, mutilación genital, acoso sexual, incitación sexual forzada, insinuaciones, la trata con fines sexuales, entre otros.

En México la violencia sexual está tipificada como un delito grave, y a pesar de esto, se estima que sólo una de cada diez agresiones sexuales en el país se denuncian, debido a la falta de certeza de que el agresor será castigado y al estigma social que persiste principalmente en torno a las mujeres, adolescentes y niñas; por el miedo a represalias del agresor y la ausencia de apoyo para las víctimas, y a la desconfianza hacia los sistemas de procuración de justicia.