No hay castigo para funcionarios

A pesar de que la PGJE inició una investigación contra estos servidores públicos, siguen sin recibir una sanción.
Hugo Gómez Estrada, titular de la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reveló que a pesar de que se han iniciado procesos de investigación en contra de servidores públicos que presumiblemente incurrieron en delitos electorales, hasta el momento no se han emitido fallos contra alguno de los señalados.
En entrevista, señaló que el Gobierno estatal estableció mecanismos específicos para evitar que los funcionarios de las 78 unidades administrativas que comprenden el Poder Ejecutivo del Estado, como el Módulo de Atención para Quejas y Denuncias contra Servidores Públicos por el Proceso Electoral 2015, que se encuentra permanentemente abierto en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual ha dado muy buenos resultados.
Puntualizó que en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, expedida y publicada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, se establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y dos a nueve años de prisión, al servidor público que incurra en alguno de los delitos electorales.
Explicó que entre los delitos en que pudieran incurrir los servidores públicos, destacan la coacción o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, a quien condicione la prestación de un servicio público a la emisión del sufragio a favor de un candidato o partido político, así como a quien destine o utilice fondos en apoyo o perjuicio de los mismos, y apoye o preste algún servicio con el mismo fin durante el horario laboral.
El fiscal electoral en el Estado indicó que ya hay en investigación varios casos –aunque no especificó el número–, mismos que fueron turnados por la Función Pública por contar con elementos suficientes para iniciar dicho procedimiento, por lo que –aseguró– que si se comprueba que algún servidor público incurrió en un acto indebido tipificado en la Ley electoral, se realizará la vinculación a proceso y la consignación correspondiente.
Finalmente, Gómez Estrada garantizó que si a algún servidor público se le vincula a un proceso penal, éste podrá proporcionar los elementos para su defensa bajo el principio de presunción de inocencia.