Por: SHD

En Chiapas, el manejo del tratamiento de aguas residuales sufre la falta de atención y recursos de los ayuntamientos. De acuerdo con datos del Instituto Estatal del Agua (IEA), de las más de 300 plantas de tratamiento en el estado, solo 105 están operativas, lo que representa el 35%. Esto significa que el 65%, es decir, 195 instalaciones no funcionan u operan con capacidad reducida.

Los ayuntamientos, responsables constitucionales de la gestión del agua, enfrentan problemáticas relacionadas con el alto consumo de energía eléctrica, lo cual representa un gasto importante en sus finanzas. A esto se suma la cultura de falta de pago puntual del servicio de agua por parte de la población, lo que afecta la viabilidad financiera de los organismos operadores, que dependen de subsidios municipales para mantener el suministro.

Fernando Adolfo Zepeda Soto, director del IEA, señala que este ente actúa como el organismo rector en la materia hídrica del estado. Este organismo tiene como función supervisar la calidad del agua y coordinar esfuerzos con los organismos operadores en cada municipio. A pesar de los intentos por mantener el control sobre la calidad del agua, la realidad es que muchas plantas de tratamiento no están funcionando adecuadamente ante la falta de mantenimiento y atención que afecta a la población.

Zepeda Soto explicó que uno de los ejemplos recientes de una planta que ha sido reactivada en la comunidad Paredón, en el municipio de Tonalá. Esta instalación estuvo inactiva un periodo prolongado, pero ha comenzado a operar gracias a la colaboración entre diversas instancias gubernamentales.

La planta tiene una capacidad de 120 litros por segundo y actualmente está funcionando al 70% de su capacidad, atendiendo aproximadamente 80 litros por segundo.

La planta de tratamiento fue un reclamo de la población de Paredón, la cual se manifestó en diversas ocasiones para exponer la necesidad de su funcionamiento, ya que la llegada de aguas negras a la comunidad estaba afectando al medio ambiente y a sus principales actividades económicas.