

Por: Agencia/VR
En Chiapas, ocho alcaldesas de la región de Los Altos y cerca de 60 regidoras y síndicas sufren violencia política, a pesar de haber ganado en las pasadas elecciones, ya que, debido a los usos y costumbres, no pueden ejercer el poder. Desde 2014, la legislación electoral obligó a los partidos políticos a cumplir con el principio de paridad vertical, horizontal y transversal, pero en la práctica, no se ha reflejado.
En la región de Los Altos de Chiapas, las presidentas municipales que sufren este tipo de violencia incluyen a Julieta Gómez de Amatenango del Valle; María Guadalupe López Camacho, de Huixtán; María Velázquez Ortiz, de Mitontic; Manuel Angélica Méndez Cruz, de Ocosingo; Guadalupe Guzmán Villarreal, de San Lucas; Guadalupe Deara López, de Sigala; Catalina Pérez Ruiz, de Aldama; y María de la Luz Hernández, de Rincón Chamula San Pedro, además de otras 60 regidoras y síndicas de mayoría relativa y de representación proporcional.
En las elecciones locales del 2 de junio en Chiapas, y en las listas de ganadores de los 124 ayuntamientos dadas a conocer por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), 581 mujeres obtuvieron el triunfo, entre presidentas municipales, síndicas y regidoras por el principio de mayoría relativa, frente a 562 hombres. Sin embargo, Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en sociología por la UNAM, afirma que todas las mujeres indígenas no ejercen su cargo, principalmente en la región de Los Altos.
La socióloga precisó que la violencia política en razón de género está tipificada como delito, pero en sentido estricto, a los colectivos no les corresponde la defensa, debe ser tarea de las legisladoras del Congreso del Estado defender los derechos políticos electorales de las mujeres en Chiapas. “En el caso de las mujeres indígenas, todas son violentadas en sus derechos; ni las síndicas ni las regidoras, ninguna ejerce su cargo”, subrayó.
Llama la atención, por la gravedad del delito, el hecho de entregar un bastón de mando a hombres que usurpan el cargo de presidentes municipales, síndicos y regidores en pueblos indígenas, con lo que se legitima el agravio con el pretexto de los usos y costumbres, que en realidad se convierte en un agravio tolerado, precisó la investigadora.