

Por: Agencia / YST
Con una aprobación ciudadana del 72% y un discurso de “cero tolerancia” frente al crimen organizado, el alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, ha pasado de ser un actor político local a convertirse en una figura de alcance nacional. Su estilo confrontativo, su imagen con sombrero al estilo del viejo oeste y sus decisiones polémicas —como el uso de un helicóptero para perseguir delincuentes— lo han colocado en el centro del debate sobre el rumbo de la seguridad pública en México.
En entrevista reciente con la periodista Adela Micha, Manzo reveló una de las controversias más recientes de su administración:
“Nos dijeron que ya no les disparáramos a los delincuentes desde el helicóptero”.
La frase ha desatado reacciones encontradas en redes sociales y en círculos políticos. Apenas unas horas antes, el alcalde había reafirmado su postura en contra de las políticas conciliadoras del gobierno federal, con una declaración tajante:
“No ❌ abrazos, para los delincuentes tiene que haber ch1,g4d4zos. Los delincuentes no tienen consideración alguna con la gente que matan. No tienen ningún sentimiento al desaparecer a la gente”.
Su estrategia, que él mismo ha descrito como “justicia exprés”, ha provocado comparaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su ofensiva frontal contra las pandillas. Analistas como Robert J. Bunker han destacado que Manzo representa una figura emergente en el escenario nacional, especialmente ante la caída de respaldo a la mandataria federal, quien actualmente cuenta con solo un 21% de aprobación, según la misma fuente.
La narrativa de Manzo conecta con un sentimiento generalizado de hartazgo social frente a la violencia y la impunidad. En municipios como Uruapan, donde el crimen organizado ha marcado por años la vida cotidiana, una parte importante de la ciudadanía aplaude el enfoque directo del alcalde.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad advierten sobre los peligros de replicar modelos autoritarios que, si bien pueden reducir ciertos indicadores de violencia en el corto plazo, pueden derivar en abusos de poder, detenciones arbitrarias y un debilitamiento del Estado de Derecho.
“Este tipo de liderazgo suele florecer en contextos donde las instituciones han fallado y la desesperación ciudadana abre la puerta a soluciones rápidas, pero potencialmente peligrosas”, advirtió un investigador del CIDE consultado para este reportaje.
Manzo no milita en ningún partido político, lo que ha reforzado su imagen de independencia frente al sistema. Su ascenso, alimentado por redes sociales, lo ha convertido en tendencia nacional bajo el apodo de “el sheriff de Uruapan”. Su movimiento, inicialmente visto como un fenómeno local, ya es observado con atención por líderes políticos y encuestadoras.
El crecimiento de su popularidad abre interrogantes sobre su posible participación en escenarios electorales a nivel estatal o incluso federal, así como sobre el tipo de políticas públicas que podría promover si accediera a un cargo de mayor alcance.
Carlos Manzo simboliza una fractura en el discurso oficial de seguridad. Representa una narrativa alternativa que interpela directamente al ciudadano cansado, pero que también pone a prueba los límites del respeto a los derechos humanos en contextos de violencia estructural.
La disyuntiva que plantea su figura no es menor: ¿Es la mano dura una respuesta legítima ante el vacío del Estado? ¿O representa una forma peligrosa de justicia que podría socavar el orden democrático?
Mientras tanto, en Uruapan, el helicóptero sigue volando.