Por: AGENCIA / SHD

El reconocimiento facial se ha convertido en una de las tecnologías más extendidas en la última década. Desde el desbloqueo de teléfonos móviles hasta los sistemas de seguridad en aeropuertos, este mecanismo permite identificar personas mediante rasgos únicos del rostro, como la forma de los ojos, el contorno de la mandíbula o la distancia entre las facciones. Sin embargo, su rápido crecimiento ha despertado preocupación entre expertos en privacidad y derechos digitales, quienes advierten que su uso sin regulación clara puede poner en riesgo la seguridad de los datos biométricos y abrir la puerta a la vigilancia masiva sin consentimiento ciudadano.

El reconocimiento facial es un sistema de biometría que utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar los rasgos físicos del rostro humano. Primero, una cámara capta la imagen o el video del individuo. Luego, el software traduce esa imagen en un mapa facial compuesto por cientos de puntos de referencia —como la distancia entre los ojos, la forma de la nariz o la curvatura de los labios—.

Esa información se transforma en un patrón numérico único, conocido como huella facial, que se compara con una base de datos previamente almacenada. Si el patrón coincide, el sistema confirma la identidad de la persona.

El principal problema del reconocimiento facial radica en la gestión de los datos biométricos, es decir, la información física e inmutable de cada persona. A diferencia de una contraseña o un número PIN, los rasgos faciales no pueden cambiarse si se filtran o roban. Esto convierte a los datos biométricos en uno de los activos más sensibles en el mundo digital.

Además, en contextos donde no existen leyes claras de protección de datos, el uso del reconocimiento facial puede derivar en prácticas invasivas de vigilancia. En varios países, organizaciones civiles han denunciado el uso de cámaras equipadas con esta tecnología para monitorear protestas, espacios públicos o actividades privadas, sin que exista una base legal transparente.

Incluso empresas tecnológicas han comenzado a autolimitar el uso de esta herramienta, reconociendo los riesgos que implica. Gigantes como IBM, Microsoft y Amazon han pausado o restringido la venta de sistemas de reconocimiento facial a agencias gubernamentales, solicitando mayor regulación y garantías de privacidad.