Por: ALEJANDRO RAMOS MAGAÑA / SHD

Pareciera que en México existe una política de moda que se llama: extender superficies ecológicas. La narrativa suena llamativa, pagadora, pero bien sabemos que en el mayor de los casos solo queda en buenas intenciones.

Mientras el gobierno federal anunció el 29 de octubre pasado (aprovechando el contexto de la Cumbre Climática CP30, en Brasil), el crecimiento en un 50% de las zonas de conservación ecológica en el país; por el otro lado, se mantiene la disminución presupuestal a la institución encargada de brindar protección a las superficies naturales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, la cual se creó en el año 2000 para conservar las ANP). De 2019 a la fecha este organismo ha sufrido el recorte de más de 1,500 millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador presumió que, su gobierno fue el que más Áreas Naturales Protegidas (ANP, encargadas de la conservación de la biodiversidad biológica como lasa reservas de la biosfera) decretó en el país, por encima de las 40 que estableció Lázaro Cárdenas (1934-1940). Sin embargo, el tabasqueño omitió decir que fue en su administración cuando recortó más de 1,400 millones de pesos a la Conanp. Y este tipo de medidas han afectado el cuidado del ambiente, ya que hay menos personal capacitado, faltan recursos, los programas de manejo y cuidado se quedan cortos o no existen, y las ANP pierden sus objetivos para las que fueron creadas.

De las 232 ANP que tiene México, poco más de 100 cuentan con planes de manejo, tal y como lo estipula ley.

La Meta 30x30 que asumió México (Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal), establece que para 2030 se deberá tener protegida el 30% de la superficie marina y el 30% de la superficie terrestre, a nivel mundial y en cada nación. A la fecha el país cuenta con 103.1 millones de hectáreas bajo el esquema de ANP, tanto marinas como terrestres. Y ahora pretende, en los próximos 5 años, sumar 50.2 millones de hectáreas, lo que representa 50.4% más de lo que actualmente se tiene.

En un marco conceptual toda esta iniciativa es loable, pero en el escenario real vemos que los decretos de las ANP (y hasta los parques nacionales) se van rezagando por carecer de fondos, personal y planes de mantenimiento y manejo indispensables.

También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha resultado afectada por los recortes presupuestales, pues en 2026 ejercerá con 827 millones de pesos, 1.5% menos que en 2025. Además, solo cuenta con 500 inspectores en todo el país para atender: tala ilegal, tráfico de especies, cambios de uso de suelo irregular, industrias, maltrato animal, desarrollos turísticos e inmobiliarios, zonas costeras y terrestres, entre otras actividades.

Por esta razón los daños ambientales se multiplican en el territorio nacional, y por consiguiente será muy complicado cumplir con acuerdos internacionales y cuidar los recursos naturales de la nación.

Y otra asunto, que no es menor, son los 67 parques nacionales (que preservan flora y fauna nativas y son áreas recreativas), que en el caso de México no están en las prioridades de una agenda de Estado de seguridad ambiental.

Somos un país en que cada año se incrementa la escasez de agua, principalmente, en las ciudades capitales muy pobladas y con robustas economías, pero a esas fábricas de agua se les deja que, la misma acción del hombre, las degrade o las destruya.

Los cambios de uso de suelo enfocados a la ganadería y la agricultura, así como la tala clandestina, plagas e incendios forestales se han encargado de disminuir y degradar amplias superficies de masa forestal. Y este daño está vinculado al clima y al agua. El impacto es regional y global, la estabilidad ambiental está en riesgo para los próximos años.