Por: AGENCIA / SHD

En sesión del primer Período Extraordinario, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó la iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del estado de Chiapas en materia de cohabitación forzada.

La diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, participó en tribuna para explicar que la propuesta busca erradicar los matrimonios infantiles y uniones informales obligadas, especialmente en pueblos y comunidades indígenas donde estas prácticas se realizan bajo los llamados “usos y costumbres”.

“Hoy, el Congreso del Estado atiende una de las demandas ciudadanas más sentidas. Con ello, se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”, señaló la legisladora durante su intervención.

El sentido de esta iniciativa es avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos, sobre todo de niñas y adolescentes chiapanecas. “Hablar de cohabitación forzada no es hablar en términos silenciados, no en este Congreso”, subrayó López Sánchez.

La diputada enfatizó que la propuesta no va en contra de los usos y costumbres: “Es importante decirlo con claridad, es una iniciativa en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose porque vulneran derechos, libertades y la dignidad humana. Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia; ninguna práctica, por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”.

En muchos casos, estas prácticas encubren delitos graves. “No importa si existe un consentimiento familiar, no importa si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso. El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad; la neutralidad aquí es complicidad. Por eso este dictamen propone sanciones claras y firmes, porque proteger a la niñez no es una opción política, es una obligación constitucional, ética y humana”.