Por: Raul Contreras Bustamante

El operativo que se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco por parte del Ejército mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana —con base en la información de inteligencia militar central y la colaboración complementaria de autoridades de Estados Unidos—, logró la captura y aniquilación de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

A dicha organización criminal se le identifica por su fuerte presencia dentro y fuera del territorio nacional, con una gran capacidad operativa y de generación de violencia. Sus principales conductas delictivas, a través de sus más de 18 mil miembros, son el trasiego de fentanilo y otros enervantes, extorsión, tráfico de migrantes, robo de hidrocarburos y minerales, así como el tráfico de armas.

El alcance de sus actividades delincuenciales se presume que se extiende a lo largo de 27 de las 32 entidades federativas del Estado mexicano. El gobierno de Estados Unidos —desde el año pasado— clasificó a este cártel como una organización terrorista extranjera y ha destacado que tiene contactos en todo el continente americano, así como en Australia, China y el Sudeste Asiático.

La dimensión de la fuerza de esta organización quedó demostrada por las cifras oficiales del operativo. Fallecieron 27 miembros de las fuerzas de seguridad —25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la Fiscalía de Jalisco—; y hubo, además, 15 efectivos lesionados. Resultaron 70 detenidos, 81 tiendas saqueadas; 22 sucursales del Banco Bienestar arrasadas; y se registraron 252 bloqueos en carreteras y vialidades en 20 entidades federativas, de forma casi simultánea.

El secretario de la Defensa Nacional expresó que lo que se evidenció con este operativo fue la fortaleza del Estado mexicano. Se trata del triunfo más importante en contra de la delincuencia organizada en años.

La opinión pública ha coincidido en que el mensaje es claro: se ha dejado atrás la política de seguridad del gobierno anterior, misma que es recordada como abrazos, no balazos.

Los efectos de tan alarmante suceso deben verse desde distintas ópticas. Una organización criminal que controla tanto territorio dentro del país y que se considera que tiene presencia en alrededor de 60 países, no se puede consolidar sin la protección y complicidad desde diversas instancias de gobierno.

Estamos hablando de autoridades del Estado mexicano, porque existen vasos comunicantes con autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

La contaminación del dinero que produce la delincuencia se ha extendido a muchos sectores de la sociedad: el financiamiento ilegal de actividades electorales, políticas sociales, financieras y hasta religiosas, ha propiciado el crecimiento desmesurado de estos grupos, que se llegan a sentir tan poderosos hasta el grado de desafiar al Estado mismo.

Los efectos de este suceso son aún impredecibles. Con seguridad habrá violentos enfrentamientos entre los grupos del cártel para quedarse con el liderazgo, así como acciones desestabilizadoras contra el gobierno para tomar venganza por el descabezamiento de su organización.

Pero lo que debe dejar claro este evento es que nunca más el Estado debe renunciar a su obligación de combatir las actividades delincuenciales y de proteger a los ciudadanos; porque a final de cuentas somos quienes elegimos a las autoridades y los titulares de la soberanía popular.

Como Corolario, la frase de Margaret Thatcher: “El principal deber del gobierno es la protección de los ciudadanos; si falla en esto, falla en todo”.

 

 

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