Por: AGENCIA / SHD

Una operación internacional coordinada por Interpol permitió identificar y rescatar a 65 víctimas de abuso sexual infantil y detener a 60 presuntos responsables en nueve países de Latinoamérica y el Caribe. El operativo, denominado “Eclipse”, se desarrolló durante once meses y concluyó en enero con resultados significativos en la lucha contra la explotación sexual de menores.

De acuerdo con el informe difundido por la agencia policial internacional, la mayoría de las víctimas tenían entre 5 y 13 años de edad, y cerca del 80 por ciento eran niñas. Los países que participaron en la operación fueron Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Las investigaciones revelaron que los presuntos agresores mantenían distintos niveles de cercanía con las víctimas. Entre ellos se encontraban familiares, amigos, vecinos y educadores, así como depredadores que operaban a través de internet o viajaban desde otros países para cometer los delitos.

La operación se centró en identificar y desarticular canales de producción y distribución de material de explotación sexual infantil, además de resolver casos que permanecían sin avances. El objetivo principal fue localizar a las víctimas, detener a los responsables y evitar que nuevas personas menores de edad fueran afectadas.

En Panamá, el operativo permitió resolver un caso que llevaba más de una década sin esclarecerse, relacionado con una víctima cuya identidad permanecía desconocida en la base de datos internacional de Interpol.

Asimismo, la cooperación entre países fue clave para ubicar y capturar a varios sospechosos. Autoridades de Panamá y República Dominicana trabajaron de manera conjunta para localizar y extraditar a dos individuos acusados de delitos sexuales cometidos en territorio panameño.

En República Dominicana, dos sospechosos fueron detenidos por abusos sexuales contra dos menores de 10 y 13 años, mientras que en Costa Rica se localizó a una víctima cuyo agresor había utilizado identidades falsas en internet y amenazas contra su familia para mantener el control sobre ella, lo que permitió avanzar en el proceso judicial y reforzar la protección de posibles nuevas víctimas.