Por: CARLOS RAFAEL COUTIÑO CAMACHO

En Chiapas, la agenda pública muestra señales claras de un compromiso firme con la protección de los derechos de las mujeres, por parte del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, quien es un ferviente defensor de ellas, pero además no solo las visibiliza, sino las acompaña y las apoya.

         Desde el 8 de diciembre que tomó posesión de la gubernatura, el mandatario ha sido puntual en este tema, por eso su interés en que ninguna mujer corra riesgos y de ahí los relojes digitales, de ahí que fortaleció la fiscalía de la mujer, de ahí que su gabinete cuente con mujeres capaces.

         Pero no inicia como una política pública, Eduardo Ramírez, ha trabajado desde que era diputado local y presidente de esa legislatura, no permitió que nadie fuera violentada, generó condiciones como diputado para apoyar a sus compañeras tanto diputadas como trabajadoras, de quienes acudían.

         Por eso mismo, el estado ha fortalecido acciones orientadas a hacer valer la ley frente a cualquier forma de violencia de género, enviando un mensaje contundente: en Chiapas, la seguridad y la dignidad de las mujeres no son negociables y lo ha dicho voz firme y fuerte.

Durante años, la violencia contra las mujeres ha sido uno de los grandes desafíos sociales y de justicia en el país. No se trata únicamente de un problema legal, sino también cultural y estructural. Por ello, la importancia de que desde el gobierno estatal se impulsen políticas claras, coordinadas y firmes para prevenir, atender y sancionar estos delitos.

Hay grupos antagónicos que quieren que no haya un solo feminicidio, como si el gobierno de Sheinbaum, el del estado o municipales, conocieran de antemano, quien, donde y a que hora va a cometerse un delito de tanto horror; lo cual no puede evitarse, porque ellos o ellas mismas no tienen en mente asesinar a alguien.

Lo que es una realidad del gobierno de la nueva ERA, es que la actual administración ha apostado por fortalecer las instituciones encargadas de proteger a las víctimas, mejorar los mecanismos de denuncia y garantizar que los casos de violencia no queden impunes.

La aplicación de la ley se vuelve entonces un pilar fundamental para reconstruir la confianza ciudadana y enviar una señal inequívoca de que el Estado está del lado de quienes más lo necesitan, como son ellas, pero también los niños, los migrantes, indigentes, indígenas, hasta los que generan economía para que sigan adelante.