Por: Raul Contreras Bustamante

La disputa por conformar un Estado federal o central ha sido una lucha constante a lo largo de la historia constitucional de nuestro país a partir de su Independencia.  

En el siglo XIX fue motivo de una guerra civil que duró décadas y ocasionó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio a manos de los vecinos del norte. 

La Constitución de 1857 reiteró la forma del Estado mexicano como federal. Sin embargo, Porfirio Díaz gobernó al país con una política centralizadora —en detrimento de los estados de la República— bajo el principio de “menos política y más administración”. 

A iniciativa de Venustiano Carranza, la Constitución de 1917 mantuvo la forma de Estado federal y, aunque el municipio libre había sido materia de su ideario político, se le mantuvo sometido a la voluntad de los gobernadores.

Fue hasta la reforma constitucional de 1983 —promovida por Miguel de la Madrid— cuando se le reconoció a los municipios del país su personalidad jurídica y el manejo de su patrimonio, fortaleciendo así su carácter de ser el tercer nivel de gobierno.

Hace unos días, tras el fracaso de la reforma electoral, la Presidencia de la República mandó al Senado un proyecto de reformas constitucionales —denominadas como Plan B— el cual dice estar enfocado a reducir el gasto y privilegios de funcionarios.

El Plan B pretende reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 en materia de revocación de mandato, reducir el presupuesto para los Congresos de las entidades federativas y el Senado; así como, modificar la integración de los ayuntamientos.

El texto actual del artículo 115 de la Constitución señala que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.

La transformación pretendida en la iniciativa plantea una limitación para que sólo exista una sindicatura y de siete hasta 15 regidurías, bajo el argumento de lograr la reducción presupuestaria.

Pero resulta que al menos en 800 de los 5,478 municipios deberían aumentar su número de regidores para cumplir con el mínimo previsto por la reforma, contrariando así el propósito de ahorro de recursos, pues la estructura del ayuntamiento crecería.

Por otra parte, la iniciativa pretende modificar el artículo 116 para que los Congresos locales no puedan recibir más de 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa. Esta limitación no existe en el texto vigente.

No obstante, la finalidad de generar un ahorro presupuestal se ve desvirtuada, toda vez que en la actualidad, casi la mitad de los Congresos de las entidades federativas ejercen un presupuesto inferior al límite propuesto por la titular del Poder Ejecutivo.

La presente iniciativa pretende incidir en la vida interna de las entidades federativas y de los municipios, pero carece de un análisis suficiente y de una valoración adecuada de las consecuencias que implicaría la restricción de la autonomía legislativa en el ámbito local.

A lo largo de los 109 años de vigencia de la Constitución se ha reformado 90 veces el artículo 73 para ampliar las facultades legislativas del Congreso de la Unión, en demérito de las entidades federativas. 

De nuevo, nos encontramos ante un intento de centralización que, de ser aprobado, implicaría una afectación adicional a la soberanía de las entidades federativas.

Como Corolario, la frase del gran historiador y jurista Daniel Cosío Villegas: “La Constitución no debe tocarse, excepto cuando sea comprobadamente necesario, y jamás para ver que sale”.

 

 

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