Privatización del agua el último despojo de Peña Nieto

Por: Julio cesar Torres

Estamos prácticamente a seis meses de que Peña Nieto entregue el poder al candidato que resulte electo en las elecciones presidenciales de este 1° de julio, la actual administración federal ha sido el sexenio de las reformas estructurales, en anteriores artículos de opinión de un servidor he dejado en claro que se entiende por reformas estructurales, pero no está por demás recordarlo nuevamente, por reformas estructurales se entiende aquel conjunto de leyes de carácter generalmente constitucional, que tienen por objeto la desregulación de actividades y sectores estratégicos que antes estaban bajo rectoría exclusiva del estado y ahora permiten la participación de capital privado nacional y extranjero, en términos prácticos, las reformas estructurales son recomendaciones de organismos financieros internacionales que realizan a países como México para que modifiquen sus constituciones y leyes federales y permitan la participación de extranjeros en sectores que antes eran de exclusiva prioridad del estado mexicano.

En esta semana que transcurre trascendió la noticia de que el Presidente Peña Nieto en la celebración del día mundial del medio ambiente firmo 10 decretos presidenciales en los que se plantea una privatización del agua y en consecuencia de cuencas, arroyos, ríos y sistemas lagunares del país, desde luego, que es un tema sumamente alarmante para todos los ciudadanos, la firma de los decretos en cuestión se llevaron a cabo el 5 de junio del actual, en los medios nacionales de comunicación y prensa escrita no se mencionó a profundidad la importancia y consecuencias de los decretos firmados, como es de dominio público en radio, televisión y prensa escrita lo que predomina son las noticas respecto de las campañas presidenciales y el bombardeo de spots de todos los candidatos que aspiran a gobernar en los distintos cargos de elección popular que están en juego, la gran mayoría de la población está saturada de información electoral, llegado al extremo que evitan el contacto visual y auditivo de las noticias y si a lo anterior le sumamos la efervescencia que general el mundial de Rusia 2018, tenemos como consecuencia una población con los ojos y atenciones puestas sobre los diversos partidos de futbol, que desde luego, es entendible ya que un evento de talla mundial se mira cada cuatro años.

TODA LA FURIA DEL IMPERIO

Las preguntas obligadas son ¿Cuál es el verdadero contenido de los decretos firmados por el presidente de la república? Y, ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de dichos decretos?, hay versiones en distintos medios de comunicación que hablan de una privatización del agua y hay otras que niegan que exista una privatización, y, en cambio sostienen que lo que se firmo es crear condiciones para proteger y conservar áreas naturales protegidas y cuidar la afluencia de cuencas hídricas nacionales, lo cierto es que ninguna autoridad federal han salido a explicar nada respecto al tema, lo que ha generado mayor suspicacia entre un gran número de la población mexicana, que ante el silencio oficial en este tema ha prevalecido una serie de notas informativas como la revista semanal PROCESO de que se trata de una eminente privatización de las aguas nacionales.

Resulta obligado partir de la definición del concepto de privatizar; de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa transferir una empresa o actividad pública al sector privado; poner bajo la administración y/o explotación del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad pública o de dominio exclusivo del estado. Del contenido de los decretos presidenciales firmados el 5 de junio de 2018, se advierte que en 9 de los 10 firmados se establecen que se suprimen la veda existente en diversas cuencas hidrológicas del país, es decir, se declaran de utilidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos superficiales de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio nacional, por lo que se suprime, cesa o desaparece la veda que se ha mantenido en las cuencas hidrológicas de nuestro país, cabe mencionar que esta veda establecida en muchas décadas atrás, prohibía por tiempo indefinido el otorgamiento de concesiones y asignaciones para los aprovechamientos de las aguas en las distintas cuencas que integran a todos los ríos de nuestro país, únicamente en un decreto se estableció una zona de reserva parcial para aguas nacionales superficiales para destinarse a los usos doméstico y público urbano, aunque solo en un solo decreto se establece una zona de reserva parcial, es decir, esa zona hidrológica tendrá una protección parcial, lo que implica que la demás parte restante que no se incluya en dicha protección parcial podrá ser susceptible de aprovechamiento y explotación, en pocas palabras, una parte se protege y la demás si puede ser objeto de que puedan extraerse y aprovechar las aguas nacionales para uso doméstico y público urbano, en términos concretos, en ninguno de los diez decretos se menciona una protección rígida, integral, exclusiva y rectora por parte del Estado Mexicano de todas las aguas nacionales, ríos, arroyos, cuerpos lagunares, etc, que conforman las cuencas hídricas de nuestro país.

Los diez decretos firmados por Enrique Peña Nieto incluyen 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en todo el país, estamos hablando que en las 300 cuencas que abarcan los decretos firmados, conforman el 40% de las cuencas donde escurren 55% de las aguas superficiales del país, en más de la mitad de las aguas superficiales nacionales el presidente elimino la prohibición que había para la entrega de permisos, concesiones o asignaciones de extracción de agua, por ejemplo, en el decreto 1; que abarca las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñado, Río Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla, Río San Juan 2 y Embalse Zimapán, que conforman parte de la subregión hidrológica Río Pánuco de la región hidrológica número 26 Pánuco, existía una veda por tiempo indefinido mediante decreto firmado y publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 1999, dicha veda prohibía el otorgamiento de concesiones y asignaciones para los aprovechamientos de las aguas, desde hace más de 19 años se mantenía una veda para que en esa región hidrológica no se explotara y extrajera agua para los usos doméstico, comercial y urbano, por razones de conservar el caudal natural de los ríos se mantenía prohibida la extracción, ahora con la firma de este nuevo decreto se deroga el anterior de 1999 que mantenía la prohibición expresa y con el nuevo se permitirá la explotación y extracción de aguas, lo más grave de esta situación es que bajo el argumento de que se buscara restablecer el equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales ahora se permitirá que los volúmenes de agua disponibles en esta subregión podrá explotarse, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación previamente emitido por la Autoridad del Agua, en términos de lo previsto por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, lo anterior según el artículo quinto del decreto de fecha 05 de junio de 2018, lo más grave de esta situación es que existe una privatización implícita, desde el momento que del propio contenido literal del decreto en mención se permite el uso, explotación y extracción de aguas mediante la figura jurídica administrativa de concesión o asignación y no se precisa o delimita literalmente quien o quienes podrán explotar, extraer o hacer uso de esas aguas, se entiende que cualquier particular sea persona física o jurídica colectiva puede realizar los trámites correspondientes ante la Comisión Nacional del Agua para efectos de ser susceptible de obtener una asignación o concesión para su aprovechamiento y explotación, lo que para fines prácticos y jurídicos estamos ante una eventual privatización en el uso, extracción y aprovechamiento de las aguas nacionales, ya que al existir la eliminación de la prohibición para extraer aguas y ahora mediante el nuevo decreto eliminan la veda que existía, más aun, permitir expresamente el otorgamiento de concesiones o asignaciones se trata a todas luces de una transmisión de un bien público para abrirle la posibilidad a que en el sector hidrológico la iniciativa privada tenga participación en la explotación de aguas, así están los nueve decretos restantes, se suprime o elimina la veda en zonas donde estaba prohibida la extracción de aguas para permitir la posibilidad de que sean susceptibles de explotación, por eso iniciaba el presente artículo de opinión con la definición de privatización para efectos de ilustrar lo la situación acontecida con la firma de estos decretos presidenciales.

En ninguna parte de los decretos firmados por Peña Nieto existe un espíritu menos aun la intención de proteger y conservar áreas naturales protegidas, según la redacción de dichos decretos existe una frase la que cito textual “se declara de utilidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos superficiales a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional y el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales” desde luego que únicamente es una frase declarativa más luego en el contenido jurídico de los decretos no hay ninguna intención de que se pretenda restablecer el equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, al contrario, se está abriendo la posibilidad de otorgar concesiones, asignaciones o permisos para la explotación del agua y su aprovechamiento a particulares, con fines netamente lucrativos, pero no de conservación, si se tratara que el gobierno federal saliente tuviese la voluntad política de proteger y fomentar la conservación de aguas nacionales, no se hubiesen eliminado las vedas al contrario, se hubiese determinado que el Estado Mexicano mantendría una rectoría para el aprovechamiento de las aguas, ya que el tema del agua es de seguridad nacional, no es un asunto menor, mucho menos que se deje a la deriva de la iniciativa privada.

Tenemos la experiencia en nuestro país que los bienes y servicios públicos se han privatizado con el pretexto o supuesta intención de que lo que busca es la mejoría y modernización de los sectores prioritarios y estratégicos, así publicitaron la reforma energética en la que tendríamos combustibles, derivados del petróleo, gas y energía eléctrica baratas, y sucedió lo contrario, se entregó el sector energético a las empresas petroleras extranjeras limitando a la propia de nuestro país e incluso ponerla a punto de desaparición por improductiva, lo mismo pudiera ocurrir con el tema del agua, muchas trasnacionales en el mundo detentan el control del agua por allí hay grandes posibilidades de obtener un lucro excesivo, ganancias al por mayor y sobre todo poder y control político sobre países débiles.
La idea de que privatizaron el agua es fundada si nos atenemos al contenido propio de los decretos y a la experiencia que hemos vivido en nuestro país en épocas recientes.