Rosa Icela niega persecución por pensar distinto

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en México no se persigue a ninguna persona por expresar opiniones diferentes a las del gobierno, luego de la difusión de una presunta “lista” en la que aparecen periodistas y medios de comunicación críticos.

Durante sus declaraciones, la funcionaria sostuvo que los derechos relacionados con la libertad de expresión y la manifestación están garantizados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que el ejercicio periodístico y la expresión de opiniones forman parte de las libertades que deben ser respetadas dentro del país.

La polémica surgió tras la publicación de un listado que incluye nombres de periodistas y medios identificados por sus posturas críticas. La difusión del documento generó cuestionamientos y preocupación en distintos sectores, particularmente por el posible impacto que una identificación de este tipo pudiera tener sobre quienes ejercen la libertad de expresión.

Ante este escenario, Rodríguez rechazó que exista una política gubernamental encaminada a perseguir a personas por sus ideas o posiciones políticas. La secretaria enfatizó que tener una opinión diferente no constituye motivo para ser objeto de persecución por parte de las autoridades.

No obstante, la titular de Gobernación reconoció que existen deficiencias en el mecanismo de protección destinado a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Esta situación representa uno de los principales desafíos para garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes desarrollan actividades periodísticas en el país.

El debate ocurre en un contexto en el que la protección a periodistas continúa siendo un tema de relevancia nacional, debido a los riesgos que enfrenta el gremio en distintas regiones de México. Por ello, organizaciones y trabajadores de los medios han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

Mientras continúan las reacciones por la difusión de la llamada “lista”, las autoridades deberán aclarar su origen, propósito y alcance, así como garantizar que cualquier mecanismo relacionado con periodistas respete plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información.