Nacional
Sheinbaum reconoce origen de recursos para fondo de pensiones
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la transferencia de recursos de cuentas de Afores no reclamadas al Fondo de Pensiones para el Bienestar fue considerada inconstitucional en su origen, aunque señaló que este mecanismo financiero comenzó a aplicarse desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La declaración ocurre en medio de la discusión sobre la legalidad de los recursos que son enviados al fideicomiso público destinado a complementar las pensiones de trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar fue creado en 2024 durante la administración de López Obrador. Entre sus fuentes de financiamiento se contempló la transferencia de recursos de cuentas de trabajadores que cumplen determinadas condiciones de inactividad y edad.
Sheinbaum sostuvo que estos movimientos financieros no comenzaron durante su administración, sino que forman parte del esquema establecido con la creación del fideicomiso en el sexenio anterior.
La mandataria también ha defendido el Fondo como un mecanismo para complementar las pensiones de trabajadores y reducir la diferencia entre el último salario y el monto que recibirían únicamente con los recursos acumulados en sus cuentas individuales.
El tema ha generado cuestionamientos debido a que los recursos de las Afores pertenecen a los trabajadores y son administrados por instituciones financieras. El Gobierno federal ha señalado que los recursos transferidos al Fondo pueden ser reclamados posteriormente por sus propietarios.
La discusión sobre la constitucionalidad del mecanismo cobra relevancia debido a que implica recursos destinados originalmente al ahorro para el retiro. Desde la creación del Fondo, legisladores de oposición han cuestionado la transferencia de estos recursos y advertido posibles afectaciones a los derechos de los trabajadores.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene como objetivo complementar las pensiones de determinados trabajadores hasta alcanzar un porcentaje de su último salario, de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación.