Tren Parlamentario

Los relámpagos de diciembre
VICENTE BELLO
A 25 días de que comience la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados se han comenzado a escuchar los ecos del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019.
La revisión y autorización del presupuesto es, por mucho, el acto de control político más importante de todos los que realiza el Congreso de la Unión.
No es un tema administrativo, como durante décadas pretendió el PRI –y durante doce años, de 2000 a 2012, el PAN- hacer creer a la población, para que ésta no tuviera plena conciencia de la tremenda importancia que para el país siempre ha sido la revisión del gasto público.
Como ejercicio anual que es este asunto del presupuesto de egresos (el que acompañado está de la autorización también de las leyes de los Ingresos y de los Criterios Generales de Política Económica), la ley contempla los días 6 de septiembre para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue al Congreso de la Unión el denominado paquete fiscal para el ejercicio fiscal del año siguiente; en este caso, para el 2019.
Hay una excepción en la fecha: cuando comienza un sexenio -siempre los días 1 de diciembre, como sucederá ahora, en 2018-, el día para la entrega de dicho paquete fiscal, por parte de la Secretaría de Hacienda, es el 15 de diciembre.
Desde anteayer, uno de los diputados federales políticamente más importantes para el nuevo régimen –el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar- anunció que a más tardar el paquete presupuestal aquel será entregado el 15 de diciembre.
Ramírez Cuéllar, en un boletín especial, reveló que el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019 será de 5 billones 677 mil 200 millones de pesos. “Y el margen de maniobra para alcanzar los objetivos del próximo Ejecutivo Federal”, insistió el diputado federal, “será de unos 982 mil 300 millones de pesos; casi 400 mil millones más respecto de 2018.
A decir de Ramírez, aquellos 982 mil y pico de millones de pesos que destinarán para gasto social, “serán distribuidos a la población” a través de “prioridades específicas del presupuesto con carácter de bienestar social”, como serán los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro; Desarrollo con Bienestar Social; Alimentación y Salud para Todos; Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad; Plan de Reconstrucción para Damnificados; la creación de la Zona Franca en la Frontera Norte, el Desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, la Construcción del Tren Maya, la cobertura de Internet y el Fondo Minero, entre otros”.
De ocurrir como anuncia Ramírez Cuéllar, ocurrirá entonces una repartición histórica, e inédita, del presupuesto, que para fines sociales en los tiempos del PRI y PAN nunca fueron más allá de los 220 mil millones de pesos.
Promete Ramírez Cuéllar que la Cámara de Diputados, también por primera vez en la historia del Congreso mexicano, se meterá a revisar todo el universo de fideicomisos creados por los gobiernos del PRI y PAN.
Actualmente, dijo el legislador, se han detectado un total de 341 fideicomisos “sin estructura orgánica”, de los cuales, plantea el diputado, “es necesario revisar el uso y destino de los recursos de 275 fideicomisos específicos, (mismos) que suman disponibilidades por 287 mil 891.2 millones de pesos”.
Durante años, la oposición al PRI y al PAN clamó en el Congreso por que se revisaran los fideicomisos, porque eran como burbujas de un limbo fiscal a las que no podía ninguna institución del Estado mexicano dedicada a la rendición de cuentas –como la misma Auditoría Superior de la Federación- ingresar a ellos y auditarlas.
Durante sexenios, muchos millones de pesos que quedaban al fin de cada año fiscal sin ser ejercidos (subejercicios, les llaman todavía), muchas veces por determinaciones discrecionales de la Secretaría de Hacienda, eran transferidos por el gobierno federal a alguno de esos fideicomisos, quedando relevado de la obligación de explicar los motivos por los cuales lo hacía.
De esta forma, el Ejecutivo Federal daba la vuelta así a lo que la Cámara de Diputados ordenaba en su decreto de presupuesto de egresos. Era la forma como el presidente de la República castigaba a gobiernos estatales, a organizaciones sociales, universidades, y a cuanta entidad pública caía de la gracia del presidente de la República en turno.
No les entregaban las partidas dispuestas por la Cámara de Diputados, convirtiéndolas en subejercicios. Y terminaban desviándolas a sitios donde la Auditoría Superior de la Federación tenía, y tiene todavía, prohibido auditar.
Alfonso Ramírez Cuéllar dio dos datos que exhiben no sólo al gobierno de Enrique Peña Nieto; también al de Calderón y al de Fox, los más recientes.
Para el pago de los intereses de los poco más de 10.4 billones de pesos de endeudamiento público, se reservará una partida presupuestal de 726 mil 800 millones de pesos.
Cuando Fox llegó, la deuda estaba en algo así como 1.2 billones de pesos; se la entregó a Calderón en unos 3.4 billones, y éste, a su vez, se la dejó a Peña en 5.4 billones. Peña y Videgaray, desde que llegaron, se agarraron pidiendo prestado, y ahora la entregarán en 10.4 billones de pesos.
Y el otro dato: el decreto de presupuesto 2019 deberá reservar también unos 35 mil 900 millones de pesos “para el pago de adeudos fiscales anteriores”. Es de suponer que se pagarán devoluciones del SAT. ¿A qué empresas, y por cuáles montos? Debería revelarlo la nueva administración. Veremos.