Tren Parlamentario

El 20 de diciembre de 2013 fue el día en que Petróleos Mexicanos compró a AHMSA la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. El Congreso de la Unión había concluido su periodo ordinario cinco días antes.
Eran los días de la Comisión Permanente (del 15 de diciembre de 2013 al 1 de febrero de 2014). La Permanente se había instalado el día 18 y, de manera extraña, ya no sesionó el resto del año, sino hasta el miércoles 8 de enero del 14.
Diputados y senadores se fueron de vacaciones el resto de aquel mes de diciembre, y no hubo absolutamente nadie en los territorios del Congreso que pidiera al Ejecutivo la mínima explicación sobre la compra de Agro Nitrogenados.
Una empresa que 23 años atrás (1992), había tenido por nombre Fertimex. Sí, una paraestatal que fue vendida entonces por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari al empresario acerero Alonso Ancira.
El mismo sujeto que en 2013 vendió al gobierno (Pemex) la misma empresa, pero con otro nombre y -ahora se sabe- con un sobreprecio demoledor para las arcas del erario público. El inmueble había quedado reducido a un montón de fierros que se oxidaban desde mediados de 2006 y que eran también carcomidos por el salitre cuando Ancira detuvo la producción de los fertilizantes. Agro Nitrogenados está en Coatzacoalcos, Veracruz.
Como la Comisión Permanente ya no sesionó lo que quedaba de diciembre, pues el Poder Legislativo ya no pudo ejercer mínimamente su función de control político. Ninguna mención hizo sobre la compra-venta de una empresa que ahora irrumpe en la vida nacional con mucha fuerza.
El diputado que presidía la Permanente era el panista Ricardo Anaya Cortés. Hacía cinco meses (principios de agosto del 2013), la mayoría legislativa integrada principalmente por el Pri y por el Pan habían aprobado la reforma constitucional en materia energética.
Parecía que el gobierno de Enrique Peña Nieto se había cuidado muy bien de escoger la fecha para la adquisición de marras: cuando el Congreso estuviera en receso. Recuérdese que un sello del sistema político priísta siempre fue el pernicioso debilitamiento del Poder Legislativo en tiempos de recesos. Si de por sí el Congreso es débil y no funciona como real contrapeso político, en tiempos de receso legislativo es más débil todavía.
Nadie de la oposición respingó en los territorios del Congreso, ni el día 20 de diciembre de ese año, ni después.
La Permanente pospuso inusualmente su sesionar 18 días. Sesionó el 8 de enero, y no dijo nada sobre la adquisición de marras. De hecho, nunca dijeron nada en todo el periodo de receso de la Comisión Permanente.
En su segunda sesión, la del miércoles 15 de enero de 2014, un senador que ahora es, por cierto, director general del IMSS -el chiapaneco Zoé Robledo-, fue el que aludió un tema de la entonces incipiente reforma energética. Pero nada dijo de la compra de Agro Nitrogenados. A todo el mundo se le pasó el tema en el Congreso.
El entonces senador perredista Zoé Robledo Aburto presentó -a nombre de él y de su correligionario Benjamín Robles- un punto de acuerdo -turnado después a comisiones, para su revisión- en el que pedía fuese exhortado Emilio Lozoya Austin, ya titular flamante de Pemex, para que rindiera un informe al Congreso “sobre las áreas que dicha empresa buscará seguir operando a través de la llamada ronda cero y sobre su plan de negocios 2014-218”.
Eran los días del mayor ensoberbecimiento de quienes detentaban el poder, a propósito de la reforma energética.
Decía Zoé en la tribuna que la reforma energética representaba “verdaderamente una riesgosísima transformación en lo que respecta a la soberanía del país sobre sus recursos energéticos.
“Uno de los temas particulares que más nos preocupan -y que seguramente generarán, ojalá que generen un amplio debate- es lo que respecta a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo petrolero, debido a que ahí es donde se deberán incluir éstas nuevas modalidades de contratación. Lo que se conoce como utilidad compartida, producción compartida, licencias. Vaya, los apodos a la privatización”.
Y continuaba Zoé: “Advertimos desde un principio que estos esquemas de contratación, por la experiencia que hay internacionalmente, siempre se acercan mucho a la discrecionalidad, a la falta de transparencia. Esto no es un asunto nuevo, basta que se revisen experiencias internacionales para darnos cuenta de ello.
“Son métodos de contratación que invariablemente incentivan la corrupción. Son métodos en que las negociaciones entre el Estado y las empresas empiezan a ser asimétricas y muchas veces están envueltas en un velo de incertidumbre, de ambigüedades y, por supuesto, de influencias y también de intereses.
“Hay un caso particular que yo quisiera poner a su consideración y se los planteo como una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando Pemex y las empresas contratistas se terminen asociando y conjuntamente tengan que ir a negociar con el Estado mexicano? Aquí la debilidad regulatoria de nuestro país y del Estado mexicano va a ser muy peligrosa en la medida en que los costos van a aumentar, la utilidad compartida puede disminuir, y por lo tanto van a mermar los ingresos de nuestro país.
“Los contratos –por experiencia internacional– mientras más complejos se hagan, son fuente de mayor conflicto, de mayores disputas entre las partes y además agregando los costos de detener la producción, costos económicos por litigios y problemas recurrentes”.
Eran los días de la reforma energética. Y de la entonces silenciosa compra de Agro Nitrogenados. Tampoco hablaba nadie de Odebrecht…

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