Tren Parlamentario

“Ley para combatir las estructuras financieras de las bandas delictivas”
VICENTE BELLO
¿Qué podía decir el Pri en el asunto de la extinción de dominio, cuando fueron sus legisladores durante décadas quienes frenaron el combate a la corrupción?, era la pregunta que prevalecía en esa atmósfera candente de la Cámara de Diputados.
Entonces el tricolor se aupó sobre la tribuna, y se puso a decir a través de su diputada federal Mariana Rodríguez Mier y Terán: “En esta legislatura se está dando una práctica que nosotros consideramos riesgosa. Se ha estado endureciendo el derecho penal, lo hemos estado platicando en las Comisiones de Justicia en las que participo. Y me explico. Se han estado incrementando penas, se pretende hacer más delitos imprescriptibles, se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y ahora se estará aprobando el procedimiento por el que nada menos que 245 delitos, ya una vez desdoblados todos los tipos que tenemos enlistados, serán susceptibles a dar inicio a procesos de extinción de dominio”.
En los hechos se quejaba Rodríguez del endurecimiento de leyes que combaten a la corrupción y la impunidad. Obvio. Los priístas fueron los grandes beneficiarios de la ausencia de este tipo de normatividades. Y apostillaba: “Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de los delitos de prisión preventiva oficiosa, citemos el feminicidio, ¿ha disminuido la comisión del mismo desde que se incluyó en este catálogo? Porque aquí se dijo que así sería, que iba a disminuir la comisión de esos delitos y ha ocurrido lo contrario en el caso que platicamos, lamentablemente ha ido al alza.
“Lo que quiero transmitir es que las leyes por sí mismas no solucionan los problemas de la realidad y serán tan eficaces y eficientes como el uso que se haga de ellos y como claros y concisos sean los procedimientos que se enuncien en las mismas. El populismo penal, compañeras y compañeros, no nos va a servir de nada”.
Y enumeraba sus lamentaciones: “Tenemos gran preocupación por los alcances y la utilización de esta figura jurídica como instrumento de censura a las voces opositoras al gobierno y se tiene que decir con todas sus letras.
“Nos preocupa salvaguardar los derechos de terceros involucrados de buena fe en el proceso, la relevancia de la concurrencia de los procedimientos de extinción y el penal y sobre todo el destino de los bienes que se logren con este mecanismo. Nos preocupa que sirvan de caja chica al Ejecutivo de la República.
“Nos preocupa que el Ministerio Público podrá realizar aseguramiento de propiedades o cuentas bancarias de forma preventiva incluso cuando no se haya planteado aún la petición de inicio del juicio de extinción.
“Nos preocupa la carga de la prueba sobre el ciudadano para probar su buena fe y no cuando estamos hablando de criminales, sino de terceros venidos a estos juicios cuando no han tenido nada que ver en la comisión de ilícitos.
“Y nos preocupa también que muchos de los preceptos que están en la Ley Modelo de la ONU fueron cambiados o no fueron contemplados para este proyecto”.
Sucedió entonces al Pri en la tribuna el Partido Acción Nacional. Pero tampoco era fácil argumentar para la panista Lizbeth Mata Lozano. Le ahogaba su pasado reciente, atiborrado de turbiedad. Sólo un discurso hipócrita y cínico le permitía opinar sobre cómo combatir al crimen organizado.
Mata Lozano dijo: “Ningún esfuerzo o estrategia que implemente el gobierno federal será suficiente para erradicar la inseguridad en nuestra tan lastimada sociedad, en tanto el crimen organizado mantenga sus bienes y sus redes de influencia.
“Ante ello, en nuestro grupo parlamentario no quitamos el dedo del renglón para propiciar la efectiva aplicación de la extinción de dominio, que como se sabe, es uno de los principales instrumentos con que cuenta el gobierno para la recuperación de activos de manos del crimen y la corrupción.
“… Debemos asumir que la tarea de combatir eficazmente al crimen organizado requiere de perfeccionar y modernizar nuestro marco jurídico”.
“… En Acción Nacional estamos a favor porque estamos comprometidos con la creación de herramientas contundentes para combatir las estructuras financieras de las bandas delictivas para que sean un instrumento operante y funcional en beneficio de nuestro país”.
El partido en el poder, Morena, resellaba desde la tribuna con un contundente aviso, en voz del diputado Rubén Cayetano García: “… Que se escuche bien, a partir de ahora los delincuentes de cuello blanco y de las redes delictivas no conservarán los bienes que acumularon de manera ilícita. Ahora perderán todos los derechos sin contraprestación ni compensación alguna, y los bienes pasarán al Estado y serán utilizados para restituir a la sociedad parte del bienestar perdido por la comisión de delitos. El usufructo va a destinarse a programas sociales y otras políticas prioritarias, así como a funciones del servicio público en favor de la gente. Nunca para gasto corriente ni para salario de los funcionarios”.
Hacía unos instantes, el mismo Cayetano había dicho: “Hoy damos un paso más para acabar con los lastres de la corrupción y la impunidad que tanto han lacerado a México. Se terminó la simulación. Tanto para Morena como para el pueblo de México, la justicia es una prioridad y por ello llegó el momento de arrebatarles a los delincuentes los bienes producto de sus crímenes”.
Se soliviantaban los opositores. Vendrían entonces las reservas en lo particular. Pero también pasaban con fluidez y aprobaban la ley para, de inmediato, turnarla al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. De paso, finalizaban el tercer periodo extraordinario. (Continuará)