Por: Raul Contreras Bustamante

El pasado martes 21 de abril apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa suscrita por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados; los diputados Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Vázquez, así como por los senadores Susana Harp y Javier Corral.

Se trata de una iniciativa que pretende un perfeccionamiento institucional del modelo de elección judicial de manera directa por la ciudadanía, mediante adiciones y reformas a los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 116 y 122 de nuestra Carta Magna.

El texto de la iniciativa señala la necesidad de afinar diversas áreas de oportunidad y desafíos en los procesos de evaluación de las competencias técnicas para la mejor selección de los aspirantes al ejercicio de la función jurisdiccional; así como mejorar los aspectos relativos a las campañas y los tiempos de organización electoral.

Se pretende, además, la creación de “Secciones” para el desahogo de las cargas de trabajo del Pleno de la Suprema Corte, lo que permitiría una mejor gestión y resolución de asuntos, entre otros aspectos interesantes.

Pero la parte más importante de la propuesta es posponer la próxima elección judicial, que se deberá verificar el año próximo, hasta junio de 2028.

Se percibe correcto el razonamiento de que con ello se evitará la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales político-partidistas, a fin de garantizar mayor deliberación pública, así como proteger la independencia judicial para garantizar una mejor impartición de justicia.

La elección de junio de 2027 será la jornada intermedia más grande de la historia. Se habrán de elegir los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas; las diputaciones de los Congresos en 31 entidades federativas; así como 1,700 ayuntamientos del país, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y además –en caso de no aprobarse la iniciativa– la elección de 463 magistraturas y 386 juzgados de distrito que aún no han sido electos, así como las judicaturas de 14 estados que postergaron su renovación, sumándose a los otros 18 que deberán elegir a la “segunda mitad” de sus jueces en esa misma fecha.

Sin embargo, los liderazgos de las mayorías parlamentarias de las Cámaras se han negado a procesar la iniciativa antes de que se termine el presente periodo ordinario de sesiones, que concluirá el próximo 30 de abril, bajo el argumento de que cualquier modificación se podría interpretar como un paso atrás en la implementación de la reforma original de 2024.

La iniciativa para reconocer que existen elementos y áreas de oportunidad que se necesitan mejorar en la reforma judicial no debe verse como una contrarreforma, sino como una medida inteligente que –con base en los resultados que arrojó la primera etapa– se propone afinar los procesos, para evitar que se repitan las fallas que se presentaron y que la opinión pública ha venido señalando.

En caso de mantenerse de manera íntegra la reforma como fue aprobada, se corre el riesgo de provocar un importante abstencionismo ocasionado por la saturación informativa que tendrá que enfrentar el electorado; la reiteración del voto desinformado; la peligrosa politización de candidaturas judiciales; así como una importante presión operativa y financiera del INE. En la Academia generó buenas expectativas la presentación de esta iniciativa. Ojalá se medite su conveniencia y en un periodo extraordinario se convoque a aprobar la reforma de la reforma.

Como Corolario, la frase de Confucio: “El hombre que comete un error y no lo corrige, comete otro error mayor”

___________________________________________

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de Diario de Palenque. El contenido ha sido publicado con fines informativos y en ejercicio de la libertad de expresión.